a ya prolongada resistencia de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto que de la noche a la mañana lanzó a la calle a decenas de miles de trabajadores al extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro, sirve para comprobar cuán lejos nos hallamos del ideal democrático sustentado en el principio de legalidad. Mientras las impugnaciones de los afectados se estrellan contra el muro de las interpretaciones de la ley a cargo del gobierno y, aunque parezca increíble, de la mayoría legislativa que evade su responsabilidad, la situación de los electricistas se deteriora, aunque se mantengan muy altas sus convicciones y su espíritu de lucha. Tal pareciera que los argumentos jurídicos se midieran con una doble vara (y una doble moral) según provengan de los sindicalistas o de sus patrones estatales, con lo cual sigue ahondándose la desconfianza en las soluciones propiamente institucionales.
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