- Estoy dispuesto a morir, dice el electricista que lleva 80 días de ayuno




Acusan al SME de corrupto e ineficiente, pero no se presentan pruebas: Di Costanzo
Funcionarios de las secretarías de Hacienda y Energía comparecerán ante la Comisión Permanente
La Comisión Permanente citó a comparecer a funcionarios de las secretarías de Hacienda y de Energía, a fin de que expliquen y entreguen al Congreso los documentos en los que se sustentó la decisión del gobierno de Felipe Calderón para decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
La propuesta la formularon los petistas Mario Di Costanzo y Ricardo Monreal y fue respaldada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). El diputado priísta César Augusto Santiago hizo notar que a su juicio se trató de una decisión personal de Calderón, que no tiene sustento legal y que sustituyó facultades del Congreso.
Estoy convencido de que a este gobierno no le gusta rendir cuentas, no le gusta informar de nada
, pero hay que demandar que nos digan en qué se basó el Ejecutivo federal, recalcó el priísta. Insistió en que el problema de Luz y Fuerza del Centro es de verdad complicado
, ya que se dejó en la calle a un número importante de familias mexicanas, sin que haya una intención real de negociación con los afectados.
Estamos hartos de la indiferencia del gobierno
, dice huelguista
probable trombosis venosa
Luego de casi 30 días de huelga de hambre, ayer domingo tuvo que ser internado en urgencias médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social otro integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de nombre Rubén Castañeda Eslava, quien fue trasladado luego de que se le diagnosticó una probable trombosis venosa
en la pierna izquierda.
De 23 años, Castañeda Eslava forma parte de uno de los primeros grupos de miembros del SME que iniciaron el ayuno masivo en el Zócalo capitalino, en demanda de que se les restituya su empleo.
El trabajador fue enviado a la clínica 26 del IMSS, como los otros 12 trabajadores que han tenido que ser hospitalizados en las dos semanas recientes por complicaciones de salud.
Por otra parte, Rocío Higuera, huelguista que la semana pasada fue enviada a urgencias por una deshidratación grado dos
, fue dada de alta y está en recuperación. Nueve mujeres se mantienen en ayuno.
Hugo Ortega, uno los encargados de coordinar el campamento del SME en el Zócalo, informó sobre la situación del trabajador internado ayer. En tanto, Judith García García, responsable de apoyar a las ayunantes, dijo que cada día la situación se torna más preocupante para los huelguistas, porque se compromete su salud.
Se han incrementado la atención médica y los monitoreos a los ayunantes, dijo.
García García, indicó que son 13 los trabajadores que han tenido que dejar el campamento del Zócalo, mientras seis huelguistas en Toluca también tuvieron que ser enviados a urgencias.
Isabel de la Rosa, una de las ayunantes, al preguntársele sobre su temor a las repercusiones en su salud por esta protesta extrema, señaló: Estamos hartos de la indiferencia del gobierno para resolver este problema; de que ninguna autoridad, nadie nos haga caso en nuestras demandas, de que nadie resuelve nada. Lo único que queremos es regresar a nuestro trabajo y a nadie le importa resolver el conflicto
.
Hoy cumple un mes el ayuno masivo y se prevé que esta semana acudan al campamento legisladores y dirigentes sociales y sindicales, a la vez que aumentará el número de civiles que apoyan la movilización con ayunos de 24 horas.
El secretario del interior del gremio, Humberto Montes de Oca, dijo que esta huelga que aquí se menosprecia y oculta, en las organizaciones obreras de Europa y Estados Unidos es un escándalo
; hay mucha indignación y apoyo para el SME.
Informó que incluso hubo un resolutivo de más de 100 organizaciones obreras internacionales, particularmente europeas, el cual se llevará a la Cubre Eurolatinoamericana del sector sindical, para expresar un apoyo irrestricto de los sindicatos, a la lucha del SME y su huelga.
Desde el pasado 10 de octubre, cuando se decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, miles de trabajadores comenzaron una serie de movilizaciones con la finalidad de recuperar sus fuentes de empleo. Foto: Carlos Cisneros

Diego y la transición
uando los panistas dicen que Diego ha sido factor clave en la transición, están diciendo la verdad, pero deberían añadir que lo ha sido para impedirla. Resultó un abogado excelente para su partido, lo enganchó el proyecto personal de Carlos Salinas a cambio de que el PAN tuviera las mayores ganancias políticas en toda su historia y de que algunos panistas –Diego el más destacado– hicieran fortuna gracias a un cínico e impune tráfico de influencias. Extraordinario polemista, se inclinó por la codicia y no por la ambición política. Se dejó caer
ignominiosamente en la elección de 1994.
El PAN ganó espacios políticos, pero perdió su alma
, porque era el partido conservador moderado de la gente decente que durante 50 años proclamó su fidelidad a la democracia. Cuando cerraron los ojos frente a los fraudes y abusos del PRI, primero contra Cárdenas y el PRD, y después contra AMLO, se les rompió el resorte interno para siempre. Hoy el blanquiazul está perplejo ante la posibilidad de que el PRI, aprovechando complicidades, recursos, encubrimientos e impunidades que le otorgaron Fox y Calderón, restaure el viejo régimen a carro completo (si es que nos dejamos).
Si un procurador se abocara a resolver el caso Diego
tendría demasiadas líneas de investigación. Ofendió a muchos y se hizo vulnerable por su enorme fortuna. Habría que revisar la posibilidad de venganzas pasionales o derivadas de agravios en litigios. (Indagar con Fernando Gómez Mont y Antonio Lozano –sus socios–, como sugiere Ricardo Rocha). Quizá sacrificar a Diego sea réplica a los golpes de la narcoguerra y/o tomarlo como rehén para liberar a uno de losnarcojefes. Ajustarle cuentas (recordemos su vinculación con estos temas siniestros). También habría que revisar si un grupo guerrillero no bajó a ajusticiarlo, o a tomarlo como prisionero de guerra
.
Frente a un hecho tan grave y lamentable (yo lo lamento), Calderón como cabeza del Estado está en una posición de extrema debilidad. Su aceptación declina, su gestión es deplorable y su debilidad manifiesta. Diego es otro daño colateral en una guerra sin objetivos estratégicos, impulsada por la mala conciencia ante el fraude de 2006.
Hace meses, los expertos vienen pronosticando la escalada de los grupos criminales, ahora contra los políticos profesionales. Ahí ninguno estamos a salvo. Han empezado a matar perredistas y petistas en Guerrero; después un panista en Tamaulipas y ahora este atentado contra el mejor abogado de las peores causas y uno de los más eficaces enemigos que ha tenido la democracia mexicana.
crónica de un colapso anunciado
Periódico La Jornada
Martes 18 de mayo de 2010, p. 26
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) muestra un rezago en el ejercicio de recursos ya programados y autorizados para inversión, que alcanzan al primer trimestre de 2010 poco más de 6 mil 719 millones de pesos, pese a que desde finales de octubre del año pasado incorporó a 25 millones de nuevos usuarios, tras el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
De esta manera, las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica que se han presentado en la ciudad de México y zona metropolitana, que con anterioridad fueron detectadas por los técnicos de LFC, no se deben a sabotajes de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino a la negligencia de muchos años del gobierno federal para con LFC, que le impidió aumentar la cantidad de plantas generadoras, le impuso tarifas descapitalizadoras y le recortó el presupuesto adecuado para su mantenimiento y expansión, coincidieron por separado Gilberto Ortiz, presidente de la comisión de energéticos de la Canacintra; Angelberto Martínez, del Comité Nacional de Estudios de la Energía, y Mario Govea, coordinador de energía eléctrica en el Instituto de Estudios Energéticos de los Trabajadores de América Latina y el Caribe.
in fundamento alguno, y en correspondencia con la profundización de las acciones de resistencia que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) lleva a cabo en el Zócalo capitalino, el gobierno federal ha intentado responsabilizar a integrantes de ese gremio por las fallas constantes en el suministro eléctrico de la zona centro del país y por las explosiones ocurridas en días recientes en calles del Centro Histórico de la capital.
Las acusaciones del gobierno federal chocan, por un lado, con los reportes de las autoridades de seguridad pública local –encargadas de la vigilancia de las zonas afectadas–, que aseguran no haber visto acción alguna de sabotaje, así como con consideraciones técnicas que subrayan la imposibilidad de dañar intencionalmente los cables de alta tensión del suministro eléctrico sin sufrir las consecuencias de una descarga. Más aún, los empeños por responsabilizar a los trabajadores del SME de las constantes fallas en el suministro de electricidad quedan desacreditados ante el comportamiento de un gremio que se ha movilizado en forma pacífica, aun cuando sus integrantes han sido colocados en la perspectiva de la desesperación y el desempleo masivo.
Es mucho más claro, en cambio, el vínculo causal entre la multiplicación de las fallas del suministro eléctrico en la zona centro del país y la toma del control de ese servicio por la Comisión Federal de Electricidad (CFE): más que por acciones de sabotaje, las extendidas y constantes interrupciones en el flujo de energía se pueden explicar por la imposibilidad del gobierno federal para suplir a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en la totalidad de sus funciones y por la impericia de los técnicos de la CFE para operar una red que se hizo obsoleta como resultado de años de abandono gubernamental. Son significativas, al respecto, las advertencias que ha venido lanzando la dirigencia del SME desde antes del decreto de extinción de LFC, de que diversas zonas críticas
en la capital del país requieren de mantenimiento con urgencia, señalamientos que, sin embargo, han sido desatendidos por las autoridades federales.
En suma, y salvo prueba en contrario, en los siete meses transcurridos desde el asalto a las instalaciones de LFC ha sido el gobierno federal, no el SME, el que ha incurrido en algo muy parecido al sabotaje: no otra cosa es el designio de concesionar la operación del servicio eléctrico a contratistas privados, a todas luces incapaces e insuficientes, y sustituir con un puñado de trabajadores subcontratados por la CFE a decenas de miles de electricistas experimentados del SME. En tal circunstancia, los empeños por culpar de las fallas a integrantes de ese sindicato se presentan ante la opinión pública como un componente adicional de la cruzada antisindical emprendida por el calderonismo y como otro intento por criminalizar la lucha emprendida por los electricistas tras la extinción de LFC, el pasado 11 de octubre.
Ante la cerrazón y la indolencia exhibidas por el gobierno calderonista, y frente a las persistentes afectaciones que ha sufrido en meses recientes el corazón político y económico del país, es necesario que las autoridades locales empleen las herramientas y los recursos jurídicos a su alcance para revertir esta situación. En concreto, cabe insistir en la pertinencia de que el Gobierno del Distrito Federal estudie la propuesta de crear una entidad pública encargada de generar y distribuir energía eléctrica para la capital del país, a efecto de garantizar su viabilidad económica y social.
a ya prolongada resistencia de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto que de la noche a la mañana lanzó a la calle a decenas de miles de trabajadores al extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro, sirve para comprobar cuán lejos nos hallamos del ideal democrático sustentado en el principio de legalidad. Mientras las impugnaciones de los afectados se estrellan contra el muro de las interpretaciones de la ley a cargo del gobierno y, aunque parezca increíble, de la mayoría legislativa que evade su responsabilidad, la situación de los electricistas se deteriora, aunque se mantengan muy altas sus convicciones y su espíritu de lucha. Tal pareciera que los argumentos jurídicos se midieran con una doble vara (y una doble moral) según provengan de los sindicalistas o de sus patrones estatales, con lo cual sigue ahondándose la desconfianza en las soluciones propiamente institucionales.