La pregunta la hace Patricia Duarte. La ocasión es la cita del presidente Calderón con los padres de los niños muertos y lesionados en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. La época es ésta que vivimos,en la que la gente se ha venido a creer que tiene derechos. Que los derechos que la Constitución les otorga pueden bajarse de la letra y volverse con su uso reales. Usándola, extendiendo su alcance, la Ley cumplirá por fin su promesa, aplazada tantas veces durante nuestra historia: igualarnos a todos.
Precondición de una democracia efectiva: que el demos, el pueblo, y el cratos, el poder, estén ligados, a diario, en cada transacción, por la Ley. Por eso el tuteo de la ciudadana al poderoso.
“¿Sabes lo que es la Justicia, presidente?”
Y es que no es seguro que lo sepa, a pesar de ser abogado. En un caso emblemático de esta lucha de la gente por tener Ley, y en otro caso emblemático también, y en el siguiente otra vez, Felipe Calderón ha caminado del lado contrario de los muchos para proteger a sus allegados, unos pocos.
Es el caso de los estudiantes del Tec de Monterrey, muertos en el fuego cruzado del Ejército con criminales y luego disfrazados de sicarios. Para proteger al Ejército el presidente inculpó en una declaración a los muchachos y la madre de uno de ellos se lo reclamó desde la multitud. “Mi hijo no es un maleante”, dijo al micrófono, tensa la voz por la rabia.
Es el caso de la familia Almanza Salazar, cuya camioneta fue baleada por un retén de soldados probablemente drogados. Dos niños murieron, Bryan y Martín, de nueve y seis años, y el presidente por boca de su secretario de Gobernación pidió a los ciudadanos que “no fueran tontos útiles” del crimen. La joven madre, de 25 años, se lo dijo en corto, en una visita a Los Pinos: “Esto no se me va a olvidar, presidente. No se me puede olvidar. Mis hijos también tienen derechos humanos.”
Agréguese la terquedad con que el presidente ha impulsado la agenda de un grupito panista para restringir los derechos de las minorías del país. De Los Pinos partió la orden para que 100% de los panistas vetaran en 18 estados del país el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. De Los Pinos igual salió la consigna de que los panistas de la Asamblea del DF vetaran el derecho de las parejas gays de casarse y de adoptar hijos. Y de Los Pinos sale ahora la orden de que la PGR prolongue en la Suprema Corte el esfuerzo para vetar estos derechos recién adquiridos.
Y desde luego fue el presidente quien hace cuatro meses delegó en su secretario de Gobernación el trabajo indigno de presionar a la Suprema Corte de Justicia para que no la hiciera, la Justicia, en el caso de los niños muertos en el incendio de la Guardería ABC. Es consabido: por salvar a dos de sus funcionarios y a los dueños de la guardería, el presidente presionó a la Corte para que se retractara de su primera intención de exceder sus funciones usuales –esas funciones usuales en una dictablanda– y se declarara “no capacitada para señalar responsables” hacia arriba, hacia los poderosos –como corresponde en una democracia, donde la Justicia debe operar autónoma, tanto hacia arriba como hacia abajo–.
Cuatro meses después de la declaración de discapacidad de la Suprema (sic) Corte de Justicia (sic sic), el presidente se apersona ante los deudos de los niños muertos para lo que los priistas vienen llamando desde hace un siglo “operación cicatriz”. Amén de que ha pasado tiempo, se ha amistado con los padres menos belicosos, y confía que ellos impongan el tono de resignación a la reunión.
“Les daremos”, dice varias veces el presidente en su anuncio. “Recibirán”, dice otras tantas. “Serán ayudados”. “Estos apoyos que repartiremos”. Becas vitalicias, un fideicomiso, un hospital flamante, ayuda sicológica: maíz para los pollos, llamaban los priistas al reguero de regalos baratos al vulgo. Primero los paleas, luego los maiceas.
Pero si el presidente se piensa a sí mismo como a un dictador –sexenal– filantrópico, creyendo que al menos la gente de México no se ha enterado que ya no puede serlo, la gente se le encabrita, porque ya no quiere filantropía, quiere Ley, quiere hacer valer sus derechos y –esto es lo más novedoso– tiene los recursos para hacerse escuchar. En lo que es una reunión a puerta cerrada, vetada a la prensa, Patricia Duarte, maestra de educación preescolar, toma el micrófono mientras la videa otro padre con el teléfono celular que ella misma ha introducido a la reunión. Ellos mismos subirán sus palabras al Facebook y saben que las retomarán los medios de comunicación nacionales y saben que tendrán eco, porque la pregunta que formula Patricia Duarte es la de una generación de ciudadanos preparada para una democracia que los políticos se empeñan en no dejar suceder.
“¿Sabes lo que es la Justicia, presidente?”
Esto que hacen, exigir que la Ley mande y no los políticos en turno, “es una revolución ciudadana”, han declarado los padres de la Guardería ABC. Lo es. Una revolución incipiente que ya rebasa al presidente y a la clase política entera, incluso a los opinadores profesionales.
