Periodo extraordinario: poder llama poder
El 15 de junio Felipe Calderón pidió al Congreso realizar el periodo extraordinario acompañado del secretario de Gobernación, Francisco Blake. Según ellos, “se requieren definir diversos cambios en materias trascendentales (…) que requieren de una definición urgente (…) para impedir el acrecentamiento de circunstancias adversas”. Hasta aquí la cita.
¿Circunstancias adversas? ¡Vaya que las hay! ¡Y Calderón amenaza con que las cosas empeoren de no aprobarse esas “reformas urgentes”! Pero vamos por partes. La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional es quizá la más grave de las reformas impulsadas por Calderón.
Esta iniciativa busca legalizar las violaciones a los derechos humanos, cometidas con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico; incorpora de lleno a las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad sin establecer un marco jurídico que prevenga los abusos; permite la intervención de comunicaciones, la detención en las calles sin permiso y la inspección de casas sin orden de cateo; pretende facultar al Ejecutivo para decretar el estado de sitio y la suspensión de garantías, sin requerir autorización del Congreso, abriendo las puertas para vivir en un Estado de excepción permanente y legal. El Ejército debe estar en los cuarteles. Más poder para las Fuerzas Armadas, a costa de los ciudadanos.
La reforma laboral es impulsada bajo el argumento de “sentar las bases de la renovación de las relaciones laborales sin descuido de la tutela de los principios sociales”. Nada más falso. Esta reforma busca legalizar las renuncias en blanco, los despidos discrecionales y la práctica de la subcontratación con la subsecuente pérdida de derechos laborales; reduce los salarios caídos a un año; establece el salario por hora; dificulta el ejercicio del derecho de huelga y golpea a los sindicatos. Menos poder para los trabajadores y más para los patrones.
La Ley de Asociaciones Público-Privadas constituye el último paso en el proceso de desmantelamiento y privatización estatal, iniciado en los 80. La ley permitiría la asociación del Estado con el sector privado para que éste se haga cargo de la construcción de infraestructura y de la prestación de servicios. Con ello, el Estado se desentendería por completo de la prestación de servicios públicos y su existencia resultaría casi innecesaria, pues los privados tendrían el control de todo. Más poder para los empresarios, menos para los usuarios.
La reforma política que propone Calderón busca responder a “nuevas condiciones de pluralidad democrática” en un contexto donde, según él, se ha logrado “la instalación definitiva de la pluralidad y la competencia electoral en condiciones de equidad”. No existen los fraudes, como en 2006; las campañas de dispendio, como la de Eruviel Ávila; la censura, como la que se practica contra el PT y los spots de AMLO. Así, de acuerdo con este escenario idílico, la reforma política de Calderón busca, entre otras cosas, la reelección y el fortalecimiento del Ejecutivo. Menos poder para los ciudadanos y más para las televisoras y los caciques perpetuos.
¿Qué es, en conclusión, lo que pretende Calderón con estas reformas? Más poder para los poderosos y menos para el común de los ciudadanos, quienes verán afectada su vida en varios ámbitos. Por ello es imperativo que, a su nombre, Francisco Blake comparezca ante la Comisión Permanente, y explique las razones por las que se quiere un periodo extraordinario.
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