jueves, 28 de julio de 2011

NO A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD RUTA PARA LA PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD RUTA PARA LA PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

UNIDAD PARA LA ACCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DEL REGIMEN PÚBLICO Y SOLIDARIO.

Arturo Vega, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Antonio Vital Coordinador de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, Leticia Carapia del Sindicato único de trabajadores de la Industria Nuclear, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Petróleos Mexicanos, y Organización de Jubilados y Pensionados del ISSSTE. CONVOCAN al movimiento sindical democrático, organizaciones sociales y a investigadores y académicos a la unidad de acción para la restauración del régimen público y solidario de la seguridad social para todos los trabajadores mexicanos y así quebrar la ruta de corrupción e impunidad seguida para privatizar la protección social que está obligado a garantizar el estado mexicano.

Se llama a reunión de Coordinación, el próximo jueves 28 de julio a las 16:30 hrs en Gante no 15, 2º piso, sala 3. Para abordar un plan de acción unitario y los ejes de la defensa del derecho al trabajo digno con seguridad social y democracia sindical. Se propone abordar una breve evaluación de las reformas al IMSS E ISSSTE, análisis de las propuestas para profundizarlas; aumentar aportaciones de trabajadores y reducción de beneficios, y las propuestas de plan de acción, entre los temas que se vienen trabajando están:

1. Castigo a los responsables de la corrupción y privatización de la seguridad social.

2. El fracaso de las reformas a la seguridad social y la responsabilidad de las direcciones del SNTE y de la FSTSE.

3. La participación de asegurados, derechohabientes y jubilados en la investigación de corrupción y mercantilización.

4. La realización de una convención-encuentro para la restauración de la seguridad social 3a semana de agosto.

J. Antonio vital, Irma Acela Perez, Marcos Goldis, Raul Gonzalez, Genoveva Suárez.


Anexamos boletín y notas publicadas.

Boletín de prensa

En los últimos días se ha abierto la polémica sobre la solicitud de aportaciones de 20 millones de pesos mensuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSSTE), al Partido Nueva Alianza (PANAL) y de los acuerdos de Elba Esther gordillo presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y fundadora del PANAL con el lic. Felipe Calderón jefe del Ejecutivo, se ha puesto de manifiesto el manejo político de las instituciones de seguridad social.

De igual manera se ha hecho público el mal manejo de adquisiciones de medicamentos y servicios tanto en el IMSS como en el ISSSTE. Hechos sobre los que no se han dado a conocer las investigaciones que se deben de realizar.

La corrupción y la impunidad marcan los acuerdos de Elba Esther Gordillo y Joel Ayala, líderes del SNTE y la Federación de Trabajadores al servicio del estado (FSTSE) a espaldas de los trabajadores, para imponer las reformas al ISSSTE que privatizan la seguridad social, mercantilizando derechos laborales y sociales de más de 2 millones de empleados públicos y sus familiares.

La corrupción se extiende a la subrogación de servicios médicos, prestaciones sociales y al manejo de los fondos del SAR y VIVIENDA en el IMSS e ISSSTE.

La corrupción se expresa en la duplicación de cuentas de los trabajadores en las AFORES que en el caso de los 2.2 millones de empleados públicos superaban los 5 millones de registros y en los 10 millones afiliados permanentes al IMSS superaban los 40 millones de cuentas.

El manejo político se manifiesta en el uso del PENSIONISSSTE, donde más de 2.5 mil millones de pesos (más de 550 millones de pesos en gastos de operación) se manejan con opacidad. Además ofrece rendimientos menores que el promedio que la banca privada otorga y que es 3.5% e inferior en 4.7% de la afore con mayor rendimiento. Lo que representa que de los 320 mil millones de pesos de los empleados públicos dejan de recibir 11 214 millones de pesos, además de que cobra el 1% de comisión por administración que representa 3 200 millones de pesos.

La corrupción es también la falta de aseguramiento de más de 330 mil trabajadores del estado que están excluido ilegalmente del ISSSTE, y de más de 28 millones de trabajadores que no están registrados en el IMSS.

De igual manera es corrupción la falta de incrementos y actualizaciones de las jubilaciones y pensiones conforme a los incrementos salariales de los trabajadores activos y/o su puesto desempeñado cuando se retiraron.

El Estado mexicano tiene una deuda financiera y social con los trabajadores mexicanos, por la malversación de los fondos de pensiones que acumularon éstos durante más de 30 años, y debe responder por ello.

Ante esta situación estamos demandando al Congreso de la Unión la instalación de una comisión investigadora de las denuncias de corrupción, con la participación de organizaciones de trabajadores activos y jubilados, excluyendo a las organizaciones representadas en la junta directiva del ISSSTE (FSTSE, SNTE Y CONTU-AAPAUNAM) y del consejo técnico del IMSS.

Iniciaremos una campaña de información y movilización con el propósito de que el congreso y el ejecutivo escuchen las demandas y propuestas de trabajadores activos y jubilados, así como de los asalariados excluidos de la seguridad social. Para expresarnos el 1º de septiembre.

Iniciaremos las acciones legales para que se castigue a los funcionarios y miembros de los órganos de gobierno de las instituciones de seguridad social sobre los actos de malversación de los recursos financieros de la seguridad social.

Demandaremos al IFE, la investigación del patrimonio y recursos de los partidos que han sido denunciados, particularmente el PANAL y el Verde.

Llamaremos el próximo jueves 28 de julio a organizaciones sindicales y sociales para elaborar un plan de acción unitario, para erradicar la corrupción y restaurar el régimen público y solidario de la seguridad social. e impulsaremos la conformación de un consejo social fiscalizador de las instituciones de seguridad social

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