CIRCULO DE ESTUDIOS: En apoyo y soldaridad con el Profesor Miguel Ángel Beltrán‏

Enviamos las siguientes notas periodísticas donde queda evidenciada una vez más la vergonzosa actuación del Estado mexicano, en ésta ocasión en el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, que como ha ocurrido con nuestros hijos se prefiere criminalizar a las víctimas en lugar de brindar apoyo y protección.

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México-Colombia: claudicaciones y vergüenza

Editorial del periódico La Jornada 11 de Julio de 2011.
http://www.jornada.unam.mx/2011/07/11/edito

http://asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.com/2011/07/en-apoyo-y-solidaridad-con-miguel-angel.html

El pasado 3 de junio una juez penal de Bogotá absolvió al sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, quien antes de su detención, en mayo de 2009, se desempeñaba como residente posdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México. Beltrán permaneció más de dos años en prisión en su país tras ser acusado de pertenecer al comité internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La excarcelación de Beltrán Villegas se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia de la nación andina determinó invalidar la fuente de las acusaciones en su contra: las misteriosas computadoras supuestamente halladas tras el ilegal operativo, realizado el primero de marzo de 2008, en contra de un campamento del desaparecido líder rebelde Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, en el que hubo 25 muertos, entre ellos cuatro estudiantes mexicanos, y en el que resultó herida la también connacional Lucía Morett.

Es pertinente recordar que la deportación de Beltrán Villegas a Colombia se produjo en condiciones por demás irregulares: estuvo precedida de una detención arbitraria llevada a cabo por autoridades migratorias, quienes lo mantuvieron incomunicado en una sede del Instituto Nacional de Migración en la capital del país. Por añadidura, y a pesar de las acusaciones fincadas en su contra por el gobierno de Bogotá, el retorno de Villegas a su país natal no se realizó en el marco del tratado de extradición existente entre México y Colombia, sino se produjo formalmente por motivos migratorios. Con ello el gobierno mexicano selló la percepción de un desaseo inadmisible en perjuicio del académico sudamericano.

La acción mereció en su momento la felicitación del régimen entonces encabezado por Álvaro Uribe, quien calificó de “ejemplar” la cooperación del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para la captura del académico, y se refirió a éste como “uno de los terroristas más peligrosos”.

Con tal precedente, y a la luz de la absolución judicial de que ha sido objeto, es claro que las acusaciones contra Beltrán Villegas forman parte de la cadena de mentiras e inconsistencias en que incurrió el Palacio de Nariño en las semanas y meses posteriores a la masacre de Sucumbíos –entre las que se cuentan la afirmación inicial de que en ningún momento se había violado la soberanía de Ecuador, y el señalamiento de que los soldados colombianos habían respondido a un ataque de los presuntos guerrilleros–, y que el sociólogo colombiano es una víctima más –así sea indirecta– de ese episodio criminal, violatorio de la legalidad internacional y, ése sí, terrorista.

Por añadidura, es evidente que los saldos del operativo militar ordenado por el régimen uribista, en marzo de 2008, van más allá de la inaceptable cifra de muertos y de la vulneración a la soberanía e integridad territorial ecuatorianas; a la postre, también ha exhibido una actitud vergonzosa y preocupante del gobierno mexicano en su proyección internacional: desde su falta de capacidad y de voluntad para emitir una condena enérgica y un reclamo de justicia por la muerte de connacionales bajo el fuego del ejército colombiano, hasta su disposición a llevar a cabo la irregular repatriación de Beltrán Villegas, episodio en el que el calderonismo terminó por convertirse, a juzgar por la resolución judicial comentada, en cómplice de algo muy parecido a un secuestro de Estado.

Los extravíos diplomáticos a raíz el episodio de la masacre de Sucumbíos y durante la posterior deportación de Beltrán son reflejo, por lo demás, de una postura claudicante frente a la política colombiana de “seguridad democrática” –la cual, como señala el propio Beltrán Villegas en entrevista con este diario, considera criminales “a quienes tienen un pensamiento crítico”– y de una sumisión inexcusable frente al gobierno delictivo –por haber ordenado la agresión armada a territorio ecuatoriano, pero también por sus viejos y documentados vínculos con el narcotráfico y los paramilitares– que encabezó Álvaro Uribe. Sobra decir que esos elementos no sólo son inaceptables en cualquier régimen que se reclame democrático, sino contravienen, además, el pretendido espíritu de defensa de la legalidad y del estado de derecho que el calderonismo reivindica cada que tiene oportunidad.

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Bloquea la SG el regreso de un inocente

Miguel Beltrán fue absuelto de pertenecer a las FARC tras ser repatriado de México; ahora pide asilo y reparación del daño

(Nota tomada del periódico La Jornada del lunes 11 de julio de 2011)

http://www.jornada.unam.mx/2011/07/11/sociedad/040n1soc

http://asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.com/2011/07/mexico-colombia-claudicaciones-y.html

por: Fabiola Martínez

Miguel Ángel Beltrán Villegas, doctor en ciencias sociales, deportado de México en 2009, fue absuelto de los cargos que le imputó la fiscalía colombiana como presunto terrorista e integrante del comité internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una vez libre, inició procedimientos para volver a México, como asilado, pero también para que el Estado repare el daño que le ocasionó, luego de ser víctima de un proceso irregular de repatriación, con tortura y maltrato sicológico, que incluyó el impedimento por 40 años para volver aquí.

La política de seguridad democrática, de supuesta persecución al terrorismo, tiene ese agravante: en esa categoría se incluye a aquellos que tenemos un pensamiento crítico. Hasta el momento de mi deportación yo sentía una gran admiración por todo el papel internacional que había jugado México al darle asilo a muchos perseguidos políticos en diversas coyunturas históricas. Sin embargo, con casos como el mío se rompió esa tradición, lo cual resulta negativo y lamentable, señaló el académico e investigador universitario en entrevista con La Jornada.

Durante más de dos años, Beltrán Villegas ha enfrentado al sistema judicial de dos países. El 22 de mayo de 2009, México lo deportó fast-track, sin derecho a solicitar refugio, ante el requerimiento del gobierno de Colombia para que detuviera –y le enviara– a quien, según sus reportes de inteligencia, era Jaime Cienfuegos, uno de los dirigentes de las FARC. Apenas llegó a Bogotá, el supuesto terrorista fue recluido en una cárcel de máxima seguridad, donde permaneció 25 meses.

Gracias a una amplia defensa –que incluyó el apoyo de varios miles de académicos y alumnos de ambos países que enviaron a las autoridades gubernamentales y judiciales correos electrónicos– recobró su libertad el 7 de junio pasado, luego de que una juez emitió la sentencia absolutoria que fue oficializada el viernes pasado.
La juzgadora concluyó que las pruebas entregadas por la fiscalía resultaron nulas e insuficientes para demostrar que el también profesor de la Universidad Nacional de Colombia y residente del posdoctorado en la UNAM había participado en acciones de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir e integración de grupos ilegales.

En México las autoridades mantienen el criterio de que tiene antecedentes negativos y no puede regresar al país, pese a que en el momento de su deportación se dedicaba a investigar sobre el cardenismo.

El académico y sus abogados afirman que lo que hicieron las autoridades migratorias mexicanas fue un secuestro, mientras las de Colombia presionaron por varias vías para que aceptara los cargos que le imputaron.

En un libro que escribió en el pabellón de alta seguridad de La Picota (Crónicas del otro cambuche), Beltrán muestra el resultado de una investigación documental y, por supuesto, presencial, acerca del sistema de justicia colombiano que redunda, como en México, en casos donde el eje es la impunidad y la corrupción, así como un deficiente sistema carcelario que lo último que logra es la readaptación social de los internos.

Es una obra de 322 páginas, escrita con la disciplina del investigador social, para mostrar lo que define como inconsistencias e incoherencias de un proceso teñido de tintes políticos y donde, precisa, han brillado las reiteradas violaciones al debido proceso, empezando por la legalización de una captura que se adelantó de manera irregular en la ciudad de México.

Además, por la utilización de pruebas ilícitas e ilegales, como la computadora del abatido jefe de las FARC Raúl Reyes, y algunos de sus escritos que circulan en revistas especializadas difundidas en varios países y por Internet.

Quedó demostrado que soy un crítico político, no un terrorista, señaló en la entrevista –vía Internet– quien al momento de su detención y deportación era invitado del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.

Aseveró que en su secuestro el Instituto Nacional de Migración (INM) sirvió de puente para esta operación ilegal, al separarlo de su abogado cuando se hallaba en las oficinas del instituto, donde acudió para realizar trámites migratorios; fue aislado a una oficina y enseguida lo llevaron a una estación migratoria en la que no se le permitió siquiera realizar una llamada telefónica.
Por el contrario, de ahí fue trasladado al aeropuerto internacional para su inmediata repatriación.

Es decir, ante el pedido de Colombia, no lo sometieron a los trámites previstos en el tratado de extradición entre ambas naciones, sino que optaron por la vía de simular una deportación por motivos migratorios, luego de que le negaron por varios meses el cambio de estatus de visitante a estudiante.

Además, afirma, el gobierno mexicano avalaba que espías colombianos siguieran sus pasos durante su estancia como residente de posdoctorado.

Respuesta de México

La Secretaría de Gobernación aseguró el viernes pasado que el INM se compromete a proceder con estricto apego al marco legal, anteponiendo en todo momento los derechos del ciudadano colombiano.

Dijo que el INM ha aceptado la Propuesta de Conciliación que le formuló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en junio de 2010 y se mantiene al tanto del procedimiento judicial interpuesto por el extranjero.

Empero, no respondió acerca de las acusaciones del presunto uso de Migración como vía para el cumplimiento de peticiones de gobiernos de otras naciones.

La deportación y la influenza

Aquel 22 de mayo 2009 la imagen de Beltrán fue difundida profusamente en los medios de comunicación, incluso en aquellos que no suelen interesarse por esta clase de episodios.

En una escena inédita, los policías colombianos portaban cubrebocas porque el detenido procedía de México, donde por esos días se vivía una crisis sanitaria por la propagación del virus de la influenza A/H1N1.

De inmediato, los reportes televisivos daban como misión cumplida la detención de quien señalaban como un muy cercano asesor de Raúl Reyes, uno de los jefes máximos de las FARC, abatido en el operativo Fénix, en 2008.

Ante la televisión, en cuanto Beltrán ya estaba en la cárcel, los jefes policiales y fiscales de Colombia afirmaban que, a través de eventos y videos, aquél invitaba a los jóvenes a ingresar a las filas de las FARC y que organizaba institutos académicos de fachada para recabar recursos para ese grupo guerrillero.

Un día después de la deportación, el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe dio las gracias a las autoridades mexicanas: Este gesto lo ponemos como un ejemplo; lo aplaudimos, lo agradecemos. Le pedimos a todos los países del mundo que nos ayuden a capturar a estos terroristas ahí donde estén. Muchas gracias al Presidente de México, a sus autoridades.