Amedi tomará acciones políticas y jurídicas en contra de la licitación 21

• Emprenderán campaña nacional de información y juicio político

México D.F., 20 de agosto de 2010 (Cencos).-La Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) convocó esta tarde en el Club de Periodistas a una asamblea informativa en torno a la licitación 21, con la que la Comisión Federal de Telecomunicación (Cofetel) le adjudicó un bloque de 30 megahercios (Mhz) de los 80 contemplados en un inicio del espectro radioeléctrico mexicano de las frecuencias disponibles para servicios móviles de tercera generación a la alianza que hicieron las empresas Televisa y Nextel por 180 millones 300 mil pesos, mientras que las empresas Telcel y Telefónica Movistar pagarán por 10 Mhz 5 mil millones de pesos. Del total del espectro la alianza Televisa-Nextel se llevó 50 por ciento, 39 por ciento Telcel y 11 por ciento Movistar.

A respecto, el académico y miembro del consejo consultivo de Amedi, Gabriel Sosa Plata, explicó que desde el mes de noviembre, cuando se hizo pública la convocatoria para las frecuencias disponibles, la Comisión Federal de Competencia estableció límites para la acumulación de espectro eléctrico de 80 megahertz y se abrió la licitación a nuevos jugadores, ampliando la posibilidad para que se incorporaran al concurso empresas como Televisa, Axtel, Alestra, Megacable y Telefónica Movistar. Sin embargo, las bases con las que se estructuró la licitación -explicó Sosa Plata-, estuvieron diseñadas desde un inicio para que las otras empresas quedaran fuera de la competencia armándose después la alianza estratégica Televisa-Nextel.

Las instancias gubernamentales que tuvieron que ver en el diseño de las bases para la licitación fueron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC), Cofetel, la Secretaría de Hacienda (que estableció los límites de los precios de reserva del espectro), y el Poder Legislativo, mismo que aprobó incentivos fiscales para los ganadores de la licitación; y la supervisión estuvo a cargo de la Comisión Federal de Competencia que señaló que desde su punto de vista fueron las correctas.

Raúl Trejo Delarbre, presidente de Amedi, manifestó que el diseño de las bases de la licitación fue inequitativo pretextando la promoción de la competencia para restar liderazgo a Telcel. Fue entonces cuando el pasado 16 de agosto en una sesión en la que se encontraban tres de los cinco comisionados que conforman la Cofetel, el presidente del organismo, Mony de Swan y Gonzalo Martínez Pous votaron a favor de otorgarle a Televisa y Nextel los 30 Mhz por 180 millones 300 mil pesos.

Los integrantes de Amedi consideraron que la votación fue irregular e ilegal. De los cinco comisionados únicamente hubo 2 votos a favor, Rafael del Villar votó en contra argumentando que los precios mínimos no fueron bien establecidos reduciendo la posibilidad de las otras empresas y dejándolas fuera de la licitación, Ernesto Gil Elorduy, se abstuvo en virtud de conocer las medidas cautelares dictadas por un juez federal del estado de Guerrero y por otro juez federal del estado de Tamaulipas y finalmente el quinto comisionado abandonó el proceso desde que se sentaron las bases por considerarlas inconsistentes.

Al respecto, el diputado Javier Corral consideró que la sesión en la que se le otorgó la licitación a Televisa y Nextel violó la orden de los jueces federales que otorgaron las medidas cautelares, tuvo fallas administrativas y serios vacíos éticos. Por lo tanto, dijo que es posible emprender una acción jurídica contra la licitación bajo dichos argumentos y advirtió que también con el apoyo de diputados de todas las bancadas se está emprendiendo un juicio político contra Mony de Swan, Gonzalo Martínez Pous y contra Juan Molinar Horcaditas secretario de Comunicaciones y Transportes.

Anunció también que la Amedi impulsará una campaña nacional de información sobre la “relevancia, ilegalidad e inconstitucionalidad de la licitación” y convocó a organizaciones, académicos y ciudadanía a unirse a la demanda contra dichos funcionarios.

La Amedi reiteró que la lucha contra la licitación 21 que impulsarán se hace en defensa de intereses sociales, puesto que el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación. Dicha defensa estará desvinculada de la que realizan empresas como Telcel o Telefónica para echar atrás el otorgamiento del espectro ya que estas obedecen a su propio interés económico.

Centro Nacional de Comunicación Social