San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México a 30 de agosto de 2010
Boletín de prensa No.15
Día internacional de las personas desaparecidas
· 13 años de la desaparición forzada de Mateo Arcos Guzmán y del asesinato de Miguel Gutiérrez Peñate, Nicolás Mayo Gutiérrez por paramilitares de Paz y Justicia, bajo la permisividad del Estado mexicano.
El día de hoy, día internacional de las personas desaparecidas, insistimos que los crímenes de lesa humanidad no deben quedar en impunidad; es necesario que se conozca el paradero de las víctimas, se esclarezcan los hechos, se encuentren a los responsables, se tomen medidas de no repetición, se reparen los daños y se haga justicia. Familiares y sociedad tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en que fueron cometidas las violaciones a derechos humanos.
Los gobiernos han optado por reprimir y aniquilar manifestaciones sociales que se han expresado en la historia reciente de México, no han querido escuchar las legítimas demandas de los grupos y pueblos que manifiestan su malestar ante la discriminación y exclusión social. Como muestra de esto y de la estrategia de exterminio del gobierno mexicano contra el pueblo, hoy recordamos que a finales de julio de 1997, en una reunión en la comunidad Miguel Alemán, municipio de Tila, 41 delegados de la organización paramilitar Desarrollo Paz y Justicia (en adelante Paz y Justicia), entre ellos Sabelino Torres Martínez líder de la organización, prepararon una emboscada a las comunidades Cruz Palenque y Aguascalientes.
Debido al ambiente de violencia generalizada y amenazas de muerte que se había desatado por Paz y Justicia, aquel 1 de agosto de 1997 en Cruz Palenque a primeras horas de la mañana -eran las 5:00 hrs.- la Sra. Adela Peñate Pérez decidió salir de su casa junto con sus cuatro hijos, Miguel, Nicolás, Maribel y Marcos de apellido Peñate Gutiérrez. Después de un breve camino, a 50 metros de su hogar, fueron interceptados por seis personas armadas, vestidas de negro, tal como solían uniformarse los policías de seguridad pública. Eran los paramilitares de Paz y Justicia, comandados por Sabelino Torres Martínez, quienes agarraron a Miguel Gutiérrez Peñate y lo llevaron rumbo a un potrero a la orilla del camino.
Pasaron dos horas cuando los paramilitares de Paz y Justicia, con Miguel como rehén, se dirigieron hacia Aguascalientes y después de interrogar al joven le dispararon en la espalda. Tan sólo tenía 15 años, cuando fue asesinado, Miguel Gutiérrez Peñate.
Tras el crimen los paramilitares siguieron el camino hacia la casa de Mateo Arcos Guzmán en Aguascalientes, irrumpieron en su domicilio macheteándolo en varias ocasiones en presencia de su esposa, lo arrastraron fuera de la casa para ejecutarlo. A la fecha no se conoce su paradero.
El mismo día, en Cruz Palenque, hubo agresiones, robo, desplazamiento forzado de la comunidad y un asesinato más, el de Nicolás Mayo Gutiérrez por el mismo grupo paramilitar.
Ante los hechos de desaparición forzada en Chiapas el gobierno mexicano sigue sin reconocer su involucramiento directo en esos acontecimientos, a pesar de la existencia de informes y manuales que prevén su actuación en planes de contrainsurgencia, donde su objetivo es detener el reclamo de derechos y legitimas demandas de los pueblos, aterrorizando a la comunidad para detener procesos de organización, debido a ser consideradas como prácticas de “desestabilización de la paz social”. En este contexto, las desapariciones forzadas en Chiapas son una de las formas de control social.
En la actualidad el gobierno mexicano es responsable por su falta de voluntad en la investigación de los hechos y dar así con el paradero de las víctimas.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la impunidad es la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables a las violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), (pacto ratificado por México) por lo que los Estados tienen la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles.[1]
En varias sentencias la Corte IDH ha recordado que los Estados partes de la CADH tienen la obligación internacional de juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones. La Corte IDH ha considerado que "El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a […] sancionar a los responsables de los hechos […] surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad."[2]
La desaparición forzada en Chiapas obedece a cortar la expansión del proceso organizativo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y al mismo tiempo es parte de un diseño estratégico a nivel continental que prevé un Estado militarizado y paramilitarizado, que interviene para mantener un sistema político y económico establecido. A través de una guerra preventiva, psicológica y con la ayuda de un fuerte aparato represivo se busca infundir pánico en la población, tratando de neutralizar toda posibilidad de lucha y solidaridad mutua.
Contra este sistema marcado por una impunidad institucionalizada, que encubre loscrímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos, los pueblos indígenas y organizaciones civiles mantienen viva la memoria, para fortalecer lazos, unidad y conciencia de las venas abiertas de víctimas y sobrevivientes; mismas que son fortaleza e inspiración hacia formas de justicia y la no repetición de hechos vergonzosos validados por este sistema de gobierno en proceso de degradación.
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