El 10 de diciembre y los derechos humanos en México
Rosario Ibarra
Un día como hoy hace ya 62 años, comenzó a hablarse como condición indispensable para la vida gregaria del respeto a los derechos humanos. Comenzó a decirse que en toda comunidad política debían de reconocerse y respetarse prerrogativas como la libertad, la igualdad sin distinción de raza, sexo, religión o condición económica. A partir de entonces, se proscribieron en el mundo del deber ser la esclavitud, la servidumbre, la tortura, los tratos crueles e inhumanos.
El valor de la Declaración Universal que reconoce esos derechos es incuestionable. Nadie lo discute y son pocos los gobiernos que no se disputan la prerrogativa de invocarla aunque sea como quimera.
Es así como se desarrolla un autentica convicción por los derechos humanos, ejercida por personas que luchan tenazmente en contra del autoritarismo, del abuso y de la ilegalidad.
Lamentablemente, esa convicción por los derechos humanos es mancillada cuando es sólo un discurso pronunciado por quienes tienen la obligación de respetar tales derechos pero convierten su violación en una práctica cotidiana paralela al ejercicio de sus funciones públicas.
No sólo eso. Las prácticas autoritarias van unidas de modo indisoluble con otra actitud aviesa perpetrada por los gobernantes: la simulación del respeto a los derechos humanos. Esa simulación puede ser en el discurso, donde dicen tener un autentico fervor por las libertades públicas, o simulación en el acto de gobierno, cuando se expiden normas o se establecen instituciones que dicen proteger los derechos humanos, cuando lo que buscan es sabotear la eficacia de las mismas.
En mi opinión, ese es el caso de nuestro país. Existe todo un conjunto de normas que reconocen y buscan proteger diversos derechos, producto de varias luchas que desde la sociedad se han enderezado en contra de la arbitrariedad y el autoritarismo. Sin embargo, esas leyes son saboteadas desde el poder público, el cual busca que no se respete un derecho al violentarlo él mismo, que permanezca impune tal violación, y además mantiene en el discurso la simulación de que los derechos humanos son lo más importante para dicha autoridad.
Un ejemplo significativo de lo anterior lo constituye la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No sólo padece una debilidad intrínseca consistente en la naturaleza no vinculatoria de sus recomendaciones, sino que el grupo gobernante ha logrado neutralizar la escasa eficacia que dicha Comisión pudiera tener imponiendo en sus organismos directivos a personas si no afines a sus propios intereses, al menos inocuas para la arbitrariedad estatal.
Para darnos una idea de lo anterior basta preguntarnos: ¿Ha logrado la presentación de alguna victima de desaparición forzada? ¿Ha logrado en verdad proteger la CNDH los derechos humanos de las personas frente a la brutalidad que padecen a causa de la llamada guerra en contra del crimen organizado? ¿Ha logrado revertir la omisión en que ha incurrido el Ministerio Público Federal al no aclarar las miles de muertes que esa llamada guerra ha causado en los últimos cuatro años? En fin, ante el lamentable y cotidiano abuso del poder, ¿de verdad está funcionando la CNDH?
En nuestro país, entonces, no sólo padecemos el fracaso inducido de las leyes que buscan proteger a los derechos humanos, sino que además sufrimos la constante simulación que señala que esa lacerante realidad no existe.
Decirle al pueblo que “vamos por el camino correcto” y que “todo está bien” no resuelve la pérdida del empleo sostén de una familia, la indignación del ciudadano que padece la corrupción cotidiana de los cuerpos policiacos, el dolor de unos padres enlutados por el asesinato de sus hijos, masacrados supuestamente “por error” a manos de soldados del ejército; tampoco resuelve la zozobra de miles de de mexicanos que temen por igual al delincuente sanguinario que al policía corrupto que presuntamente debía de servirles.
No es la delincuencia el principal dilema de nuestro país; esa es la premisa de quienes ven el terrible problema de la inseguridad como el manto que puede cubrir su incapacidad, su ilegitimidad y las ilicitudes que van sembrando en el mal ejercicio de su encargo. No, el principal problema de nuestro país es la corrupción que no permite que ningún cuerpo policiaco o el propio ejército detengan los delitos que dañan a la población; que impide una recta procuración de justicia en donde las cárceles están llenas, en su mayoría, de pobres o de inocentes, pero nunca de funcionarios corruptos e influyentes; que frente a tragedias como la de la guardería ABC, las desapariciones de cientos de personas, las cotidianas agresiones a migrantes las cuales tuvieron su corolario con el asesinato de 72 de ellos en Tamaulipas, sólo se escuchen discursos inocuos y actos desesperados para que los verdaderos responsables terminen no teniendo la culpa.
Pero esa corrupción no campea sola en la vida del pueblo mexicano; la acompaña la simulación asumiendo que no pasa nada, de que todo está bien, que el asesinato de civiles inocentes por balas del ejercito son “daños colaterales”; de que la guardería se incendió sola; que se está combatiendo correctamente al crimen organizado; que la presencia del ejército en las calles haciendo labores de policía es constitucional; en fin, que el pueblo mexicano, ignominiosa falacia, vive mejor hoy que hace cuatro años.
Creo que el principal problema de derechos humanos hoy es la militarización del país, tanto territorialmente como en cuanto al enfoque de la seguridad interna. Prácticamente estamos en un estado de excepción, se declara un estado de guerra sin recurrir, en todo caso, a los mecanismos constitucionales para hacerlo; irresponsablemente se ha enviado a las fuerzas armadas a realizar labores policiacas por fuera de sus atribuciones constitucionales. Y si hubiera legalmente un estado de excepción igualmente debería haber una excepcional preocupación por el respeto a los derechos humanos que no solo no existe sino que se han sometido al mayor riesgo y extendida violación.
Tengo 35 años luchando contra la desaparición forzada de personas, exigiendo la presentación con vida de luchadores políticos y sociales castigados con lo que internacionalmente ya es considerado crimen de lesa humanidad. 35 años después no solamente no logramos las madres y familiares de los desaparecidos la anhelada justicia para nuestros casos, sino que especialmente desde hace cuatro años vemos un gravísimo regreso en forma intensiva de la práctica de la desaparición ya no solo contra militantes políticos, como fue en el caso de nuestros hijos, sino contra la población civil sin ningún distingo. Se habla en este lapso de tiempo de 30 mil homicidios y con la dificultad de contabilizar con precisión, de cientos y quizá miles de desaparecidos. La agresión contra los derechos de la población civil se extiende ahora peligrosamente contra los defensores civiles de los derechos humanos. No hay reforma legal, decreto, medidas o política capaces de salvaguardar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y/o política de libertad de expresión en esta situación. Me convencen las voces que dicen que se requiere un cambio completo de régimen político para frenar la actual descomposición y deterioro incluso de las instituciones. Pero no podemos sentarnos a esperar pacientemente el cambio de régimen o la ilusión mortal del regreso al pasado, sino luchar por este cambio real y pugnar hoy mismo por parar ya esta supuesta guerra y su cauda de atropellos y violaciones a los derechos humanos.
No somos pesimistas frente a la situación actual porque hay una sorprendente acción desde la sociedad civil que sigue reclamando justicia, como los jóvenes en Ciudad juárez que siguen saliendo a la calle para exigir respeto a sus derechos y el fin de la violencia, a pesar de que incluso las marchas contra la violencia son agredidas como lo hizo la policía en días pasados frente a la Universidad de esa ciudad. No somos pesimistas pero también debemos advertir contra ese envenenamiento ideológico que resulta de situaciones de descomposición social como las actuales. Creer que la respuesta a la situación actual se ubica en más represión, en mayores penas, en fortalecimiento del poder represivo y autoritario del Estado. Fomentar esa idea es un grave error que puede revertirse incluso contra sus promotores. Tampoco es apelar al sentimiento más bajo exigiendo venganza frente a esta ola de violencia; la venganza de aquellas personas que no promueven la defensa de los derechos humanos sino desconocerles esos derechos a los que ellos consideran criminales y por tanto fortalecer el estado de excepción en que a unos se les respetan y a otros se les quitan los derechos. A ese espíritu de intolerancia y degradación moral contribuyen concepciones como las que resume unas recientes declaraciones del anterior Secretario de Gobernación que considera a los defensores de derechos humanos “tontos útiles de la delincuencia organizada”.
Hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena ya al Estado mexicano por violaciones a estos derechos en el caso de la desaparición forzada de personas y reclama un coto al fuero militar. Como respuesta se propone aquí sacar del fuero militar la tortura y la desaparición forzada. ¿Y los homicidios? Los muertos por supuestos “daños colaterales”, por no detenerse frente a un retén militar, por jóvenes denigrados como supuestos delincuentes? Por supuesto que la desaparición forzada no debe ser juzgada con el fuero militar, pero estamos hablando de que ha habido durante la pesadilla de este gobierno 30 mil ejecuciones, lo que convierte ya esto en un grave problema social para ser juzgado con medidas excepcionales y de privilegio. Es el fuero militar el que debe terminarse. Lo otro es nuevamente una simulación y peor aún cuando incluso se propone, contra la concepción internacional en la materia, declarar la prescripción de este delito, casualmente a los 35 años. No solamente porque hace 35 años desaparecieron a mi propio hijo, sino porque es ése uno de los momentos de más amplia violación de derechos humanos y desapariciones durante el gobierno de Luis Echeverría, al cual nuevamente he demandando penalmente, sino que incluso funcionarios y ex gobernadores responsables o que solaparon esos crímenes continúan en activo, no muy lejos de este patio donde hoy se celebra, con solemnidad y oficialismo, el Día Universal de los Derechos Humanos.
De nuevo, no nos anima el malsano deseo de venganza sino el legítimo reclamo de justicia y de fin a la impunidad porque la impunidad provoca, ya está demostrado, nuevas violaciones a los derechos humanos. Primero era el feminicidio en Juárez y luego se amplió a ejecuciones de jóvenes pobres. Primero eran desaparecidos políticos y ahora desaparecidos sin distingos sociales. Más pronto que tarde, estoy convencida, pese a mi edad y a los años de lucha, que lograremos el respeto a los derechos humanos; lo lograremos con la acción decidida, en las calles, en la movilización de la gente conciente de sus derechos y dispuesta a despertar ya de la terrible pesadilla actual.
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