Los vuelos
Luis Javier Garrido
El gobierno de Felipe Calderón ha dejado en los últimos cuatro años de tomar decisiones fundamentales en materia de seguridad nacional y de política económica y social, cediéndoselas en actos de abierta traición a México al gobierno estadunidense, a cambio de que mantenga al PAN en Los Pinos, con lo que ha enajenado seriamente la independencia y la soberanía de México y el bienestar de los mexicanos, y esto no hubiese sido posible sin múltiples complicidades.
1. Los papeles del Departamento de Estado entregados por Wikileaks a La Jornada y publicados por este diario desde el 10 de febrero, han confirmado lo que aquí se había analizado y sostenido desde 2006. La “guerra contra el narco”, llamada “de Calderón”, que le fue impuesta a éste por Washington tras el fraude electoral de 2006 a cambio de avalar su imposición ilegal en Los Pinos, condujo muy rápidamente a que varias dependencias estadunidenses (las llamadas “agencias”) asumieran progresivamente funciones de gobierno y de mando en México, sin importar el marco constitucional y legal del país, y en el caso de la seguridad nacional dictaran políticas y decidieran operativos subordinando a su dictado a las fuerzas armadas, contando para ello con la sumisión de Calderón y de sus colaboradores, que no se han opuesto a ninguna de sus acciones, por lo que éstos son corresponsables de que se haya llevado a México a la violencia en un afán de instaurar aquí un “Estado fallido”,
2. El diario The New York Times, al confirmar sin ambages lo que está aconteciendo, el 16 de marzo señalaba lo que Calderón y sus colaboradores niegan todos los días: que el Pentágono y los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior tienen agentes armados en México, realizan operaciones de vigilancia aérea y terrestre en territorio mexicano, deciden las políticas y las acciones de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, y que al hacerlo desde los centros “de inteligencia” que tienen en territorio mexicano ocultan información al mismo gobierno calderonista, no se diga al pueblo de México, que no sabe nada de lo que en abierta traición al país está haciendo la “clase política”, por una razón –afirma el Times, otra vez sin ambages–: porque se está violando la legalidad de México.
3. Los hechos mostraron en estos años que el gobierno de Barack H. Obama resultó más agresivo que el de George W. Bush porque desde la primera ocasión en que en 2006, aún siendo mandatario electo, recibió a Calderón, hasta la última ocasión, en la que lo convocó a la Casa Blanca, el mes pasado, el michoacano espurio fue entregando espacios de poder a Washington y aceptando que decidieran no sólo la política económica y financiera, y en consecuencia la política social, a través del FMI y la Reserva Federal, sino las políticas de seguridad y la “guerra contra el narco” impuesta por ellos, a través de sus agencias, a cambio de que lo mantuvieran como lo que es: una marioneta.
4. El caso de la designación del general Julián Leyzaola como secretario de seguridad de Ciudad Juárez el 10 de marzo es significativo de esta situación, pues el presidente municipal de Juárez afirma que el embajador Pascual aprobó su nombramiento (La Jornada de ayer), pero en los papeles de Wikileaks las autoridades estadunidenses sostienen que es un militar corrupto y despótico, que desprecia los derechos humanos, y que además tiene un arreglo con el cártel de los Arellano Félix (La Jornada del 16 de marzo), lo cual no hace más que confirmar que: a) Washington busca reordenar el mercado conforme a sus intereses, y b) que hay una voluntad deliberada de ambos gobiernos de hundir a México en la violencia.
5. El nuevo escándalo suscitado por la publicación hecha por The New York Times el mismo día 16, señalando que aviones espías de Estados Unidos (US drones) han sobrevolado impunemente el territorio mexicano desde 2009, en abierta violación al marco constitucional de México, no hace más que evidenciar de nuevo el abandono de Calderón de las funciones que asumió ilegalmente y su entreguismo creciente, así como la complicidad del PRI y de la fracción de Los Chuchos del PRD en estos actos de traición, pues el Senado no ha hecho nada a pesar de que esto se conocía desde hace tiempo, ya que la secretaria Janet Napolitano lo hizo público en julio de 2009 y Milenio Diario se ufana de haberlo publicado desde el 15 de enero, al margen de que en esta misma columna se habló repetidamente de ello.
6. El operativo Rápido y furioso, aprobado por el Departamento de Justicia, sobre el plan encubierto de Washington para introducir en 2010 de manera clandestina armas a territorio mexicano destinadas a los cárteles y a los paramilitares, hundió a la administración de Calderón en una serie de mentiras y contradicciones, pues negó primero conocer el asunto, hasta que el procurador Eric Holder dijo el día 10 que Calderón sabía todo, a lo que de Los Pinos se le replicó que creían que era un operativo limitado a territorio estadunidense (aunque se hablara de “contrabando de armas” como en el filme que dio nombre al operativo), y ahora los vuelos de los US drones hunden más a Calderón y a sus colaboradores en un mar de mentiras.
7. Las declaraciones de Alejandro Poiré, vocero de Calderón, el miércoles 16 confirmando su ignorancia constitucional y legal, constituyen una vergüenza para el país, pues confundió una charla privada del débil Calderón con Obama el 3 de marzo señalando que ahí se ultimó el acuerdo, siendo que un tratado o acuerdo internacional no puede ser válido sino cuando según el 133 es conforme a la Constitución (que no es el caso) y es refrendado por el Senado (lo que tampoco aconteció), además de que los vuelos se llevan a cabo desde hace dos años.
8. El abandono de los intereses nacionales y de los mexicanos es absoluto, lo mismo desde el ámbito estatal que del de la llamada “sociedad civil”. La cuestión no es la de no haber transitado “senderos legales” para autorizar los vuelos pues dichas vías legales no existen, lo que parece ignorarse. Hay cuestiones fundamentales que atañen a la Independencia, la soberanía y la integridad de la nación, que no pueden ser aprobadas ni “negociadas” por los poderes constituidos. Ni el Congreso ni la Suprema Corte podrían haber autorizado los vuelos, ni la intervención en México de agentes estadunidenses armados o no armados, ni que actuaran las dependencias de Washington en territorio nacional, ni que la administración de Barack Obama fuese asumiendo funciones del Estado mexicano, simplemente porque no tienen facultades para ello.
Precisiones del Consejo de Seguridad Nacional
Respecto del artículo titulado "Los vuelos", escrito por Luis Javier Garrido y publicado el viernes 18 de marzo en La Jornada, la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional expresa lo siguiente.
Se rechaza categóricamente que el gobierno mexicano haya cedido decisiones fundamentales de seguridad nacional. Las acciones realizadas en el marco de la estrategia nacional de seguridad han tenido por objeto, precisamente, fortalecer la soberanía, independencia e integridad del Estado mexicano frente a la amenaza que representa la delincuencia organizada.
Es de extrañar que un académico reconocido como es Luis Javier Garrido base sus argumentos en fuentes anónimas y comunicaciones diplomáticas filtradas a la prensa, que como se ha sostenido: son visiones parciales, inexactas y descontextualizadas.
Para el gobierno federal el fortalecimiento del estado de derecho es prioritario y en ese contexto se inscribe la lucha por un México más seguro. Tanto el escalamiento de las capacidades de las fuerzas federales, como los crecientes intercambios de información e inteligencia con otros gobiernos se encuentran plenamente apegados a la Constitución, a las leyes que de ella emanan y a los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.
En ningún sentido puede considerarse que los sobrevuelos sean violatorios de la soberanía nacional cuando estos encuentran fundamentos sólidos en la Constitución Mexicana y las leyes de Seguridad Nacional y la Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otras reglamentaciones.
En ese marco, los sobrevuelos han estado en todo momento bajo la supervisión y la autoridad del gobierno de México y se llevan a cabo en misiones específicas definidas por éste con propósitos de obtención de información claramente acotados por y para apoyar los esfuerzos de las autoridades mexicanas.
La Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional agradecerá la publicación de esta carta para que sus lectores cuenten con mayor información sobre el particular.
Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional
Respuesta de Luis Javier Garrido
El oficio del Consejo de Seguridad Nacional relativo a mi artículo Los vuelos
, publicado ayer en La Jornada, en el que sostengo que el gobierno de Felipe Calderón ha cedido en los pasados cuatro años decisiones fundamentales en materia de seguridad nacional al gobierno estadunidense a cambio de su respaldo político, no puede cambiar la realidad de los hechos ni logra refutar mis argumentos.
1. Lo que se llama en esa cartaestrategia nacional de seguridad
no es otra cosa que la subordinación del gobierno panista a las exigencias de la administración Obama, como se lee en los documentos del Departamento de Estado enviados por Wikileaks a La Jornada. México no tiene con Calderón ninguna estrategia de seguridad nacional, sino todo lo contrario: está actuando el gobierno panista en función de los intereses estadunidenses.
2. La cita de los documentos del Departamento de Estado es perfectamente válida, pues éstos reflejan la postura de funcionarios estadunidenses, aun y cuando los juicios que expresan sobre el gobierno mexicano estén perturbando tanto a los panistas al hablar de su ineptitud.
3. El discurso vacío sobre el estado de derecho es desmentido por la realidad pues el gobierno calderonista ha violado la Constitución en estos años, no sólo en la guerra contra el narco
, y lo está haciendo en el caso de los aviones espías. De la misma manera que en ningún texto constitucional se le otorgan facultades para permitir que agentes armados extranjeros operen en territorio mexicano, como The New York Timeslo aceptó el día 16, tampoco puede aprobar los sobrevuelos de espionaje de una potencia extranjera (como no lo pueden hacer el Congreso ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación), ni dejar que Washington dirija acciones de la supuesta guerra
. El fundamento legal que invocó la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, el jueves 17, es relativo a vuelos civiles y con él se busca confundir.
4. Los vuelos de aviones espías de Estados Unidos son violatorios de la soberanía nacional y obviamente no se encuentran bajo el control de las autoridades mexicanas, sino de las estadunidenses, por lo que el gobierno panista no podría tener más información de ellos que la que Washington quisiera darle.
Luis Javier Garrido
Los vuelos
Luis Javier Garrido
El gobierno de Felipe Calderón ha dejado en los últimos cuatro años de tomar decisiones fundamentales en materia de seguridad nacional y de política económica y social, cediéndoselas en actos de abierta traición a México al gobierno estadunidense, a cambio de que mantenga al PAN en Los Pinos, con lo que ha enajenado seriamente la independencia y la soberanía de México y el bienestar de los mexicanos, y esto no hubiese sido posible sin múltiples complicidades.
1. Los papeles del Departamento de Estado entregados por Wikileaks a La Jornada y publicados por este diario desde el 10 de febrero, han confirmado lo que aquí se había analizado y sostenido desde 2006. La “guerra contra el narco”, llamada “de Calderón”, que le fue impuesta a éste por Washington tras el fraude electoral de 2006 a cambio de avalar su imposición ilegal en Los Pinos, condujo muy rápidamente a que varias dependencias estadunidenses (las llamadas “agencias”) asumieran progresivamente funciones de gobierno y de mando en México, sin importar el marco constitucional y legal del país, y en el caso de la seguridad nacional dictaran políticas y decidieran operativos subordinando a su dictado a las fuerzas armadas, contando para ello con la sumisión de Calderón y de sus colaboradores, que no se han opuesto a ninguna de sus acciones, por lo que éstos son corresponsables de que se haya llevado a México a la violencia en un afán de instaurar aquí un “Estado fallido”,
2. El diario The New York Times, al confirmar sin ambages lo que está aconteciendo, el 16 de marzo señalaba lo que Calderón y sus colaboradores niegan todos los días: que el Pentágono y los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior tienen agentes armados en México, realizan operaciones de vigilancia aérea y terrestre en territorio mexicano, deciden las políticas y las acciones de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, y que al hacerlo desde los centros “de inteligencia” que tienen en territorio mexicano ocultan información al mismo gobierno calderonista, no se diga al pueblo de México, que no sabe nada de lo que en abierta traición al país está haciendo la “clase política”, por una razón –afirma el Times, otra vez sin ambages–: porque se está violando la legalidad de México.
3. Los hechos mostraron en estos años que el gobierno de Barack H. Obama resultó más agresivo que el de George W. Bush porque desde la primera ocasión en que en 2006, aún siendo mandatario electo, recibió a Calderón, hasta la última ocasión, en la que lo convocó a la Casa Blanca, el mes pasado, el michoacano espurio fue entregando espacios de poder a Washington y aceptando que decidieran no sólo la política económica y financiera, y en consecuencia la política social, a través del FMI y la Reserva Federal, sino las políticas de seguridad y la “guerra contra el narco” impuesta por ellos, a través de sus agencias, a cambio de que lo mantuvieran como lo que es: una marioneta.
4. El caso de la designación del general Julián Leyzaola como secretario de seguridad de Ciudad Juárez el 10 de marzo es significativo de esta situación, pues el presidente municipal de Juárez afirma que el embajador Pascual aprobó su nombramiento (La Jornada de ayer), pero en los papeles de Wikileaks las autoridades estadunidenses sostienen que es un militar corrupto y despótico, que desprecia los derechos humanos, y que además tiene un arreglo con el cártel de los Arellano Félix (La Jornada del 16 de marzo), lo cual no hace más que confirmar que: a) Washington busca reordenar el mercado conforme a sus intereses, y b) que hay una voluntad deliberada de ambos gobiernos de hundir a México en la violencia.
5. El nuevo escándalo suscitado por la publicación hecha por The New York Times el mismo día 16, señalando que aviones espías de Estados Unidos (US drones) han sobrevolado impunemente el territorio mexicano desde 2009, en abierta violación al marco constitucional de México, no hace más que evidenciar de nuevo el abandono de Calderón de las funciones que asumió ilegalmente y su entreguismo creciente, así como la complicidad del PRI y de la fracción de Los Chuchos del PRD en estos actos de traición, pues el Senado no ha hecho nada a pesar de que esto se conocía desde hace tiempo, ya que la secretaria Janet Napolitano lo hizo público en julio de 2009 y Milenio Diario se ufana de haberlo publicado desde el 15 de enero, al margen de que en esta misma columna se habló repetidamente de ello.
6. El operativo Rápido y furioso, aprobado por el Departamento de Justicia, sobre el plan encubierto de Washington para introducir en 2010 de manera clandestina armas a territorio mexicano destinadas a los cárteles y a los paramilitares, hundió a la administración de Calderón en una serie de mentiras y contradicciones, pues negó primero conocer el asunto, hasta que el procurador Eric Holder dijo el día 10 que Calderón sabía todo, a lo que de Los Pinos se le replicó que creían que era un operativo limitado a territorio estadunidense (aunque se hablara de “contrabando de armas” como en el filme que dio nombre al operativo), y ahora los vuelos de los US drones hunden más a Calderón y a sus colaboradores en un mar de mentiras.
7. Las declaraciones de Alejandro Poiré, vocero de Calderón, el miércoles 16 confirmando su ignorancia constitucional y legal, constituyen una vergüenza para el país, pues confundió una charla privada del débil Calderón con Obama el 3 de marzo señalando que ahí se ultimó el acuerdo, siendo que un tratado o acuerdo internacional no puede ser válido sino cuando según el 133 es conforme a la Constitución (que no es el caso) y es refrendado por el Senado (lo que tampoco aconteció), además de que los vuelos se llevan a cabo desde hace dos años.
8. El abandono de los intereses nacionales y de los mexicanos es absoluto, lo mismo desde el ámbito estatal que del de la llamada “sociedad civil”. La cuestión no es la de no haber transitado “senderos legales” para autorizar los vuelos pues dichas vías legales no existen, lo que parece ignorarse. Hay cuestiones fundamentales que atañen a la Independencia, la soberanía y la integridad de la nación, que no pueden ser aprobadas ni “negociadas” por los poderes constituidos. Ni el Congreso ni la Suprema Corte podrían haber autorizado los vuelos, ni la intervención en México de agentes estadunidenses armados o no armados, ni que actuaran las dependencias de Washington en territorio nacional, ni que la administración de Barack Obama fuese asumiendo funciones del Estado mexicano, simplemente porque no tienen facultades para ello.
Precisiones del Consejo de Seguridad Nacional
Respecto del artículo titulado "Los vuelos", escrito por Luis Javier Garrido y publicado el viernes 18 de marzo en La Jornada, la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional expresa lo siguiente.
Se rechaza categóricamente que el gobierno mexicano haya cedido decisiones fundamentales de seguridad nacional. Las acciones realizadas en el marco de la estrategia nacional de seguridad han tenido por objeto, precisamente, fortalecer la soberanía, independencia e integridad del Estado mexicano frente a la amenaza que representa la delincuencia organizada.
Es de extrañar que un académico reconocido como es Luis Javier Garrido base sus argumentos en fuentes anónimas y comunicaciones diplomáticas filtradas a la prensa, que como se ha sostenido: son visiones parciales, inexactas y descontextualizadas.
Para el gobierno federal el fortalecimiento del estado de derecho es prioritario y en ese contexto se inscribe la lucha por un México más seguro. Tanto el escalamiento de las capacidades de las fuerzas federales, como los crecientes intercambios de información e inteligencia con otros gobiernos se encuentran plenamente apegados a la Constitución, a las leyes que de ella emanan y a los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.
En ningún sentido puede considerarse que los sobrevuelos sean violatorios de la soberanía nacional cuando estos encuentran fundamentos sólidos en la Constitución Mexicana y las leyes de Seguridad Nacional y la Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otras reglamentaciones.
En ese marco, los sobrevuelos han estado en todo momento bajo la supervisión y la autoridad del gobierno de México y se llevan a cabo en misiones específicas definidas por éste con propósitos de obtención de información claramente acotados por y para apoyar los esfuerzos de las autoridades mexicanas.
La Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional agradecerá la publicación de esta carta para que sus lectores cuenten con mayor información sobre el particular.
Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional
Respuesta de Luis Javier Garrido
El oficio del Consejo de Seguridad Nacional relativo a mi artículo Los vuelos
, publicado ayer en La Jornada, en el que sostengo que el gobierno de Felipe Calderón ha cedido en los pasados cuatro años decisiones fundamentales en materia de seguridad nacional al gobierno estadunidense a cambio de su respaldo político, no puede cambiar la realidad de los hechos ni logra refutar mis argumentos.
1. Lo que se llama en esa cartaestrategia nacional de seguridad
no es otra cosa que la subordinación del gobierno panista a las exigencias de la administración Obama, como se lee en los documentos del Departamento de Estado enviados por Wikileaks a La Jornada. México no tiene con Calderón ninguna estrategia de seguridad nacional, sino todo lo contrario: está actuando el gobierno panista en función de los intereses estadunidenses.
2. La cita de los documentos del Departamento de Estado es perfectamente válida, pues éstos reflejan la postura de funcionarios estadunidenses, aun y cuando los juicios que expresan sobre el gobierno mexicano estén perturbando tanto a los panistas al hablar de su ineptitud.
3. El discurso vacío sobre el estado de derecho es desmentido por la realidad pues el gobierno calderonista ha violado la Constitución en estos años, no sólo en la guerra contra el narco
, y lo está haciendo en el caso de los aviones espías. De la misma manera que en ningún texto constitucional se le otorgan facultades para permitir que agentes armados extranjeros operen en territorio mexicano, como The New York Timeslo aceptó el día 16, tampoco puede aprobar los sobrevuelos de espionaje de una potencia extranjera (como no lo pueden hacer el Congreso ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación), ni dejar que Washington dirija acciones de la supuesta guerra
. El fundamento legal que invocó la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, el jueves 17, es relativo a vuelos civiles y con él se busca confundir.
4. Los vuelos de aviones espías de Estados Unidos son violatorios de la soberanía nacional y obviamente no se encuentran bajo el control de las autoridades mexicanas, sino de las estadunidenses, por lo que el gobierno panista no podría tener más información de ellos que la que Washington quisiera darle.
Luis Javier Garrido
Los vuelos
Luis Javier Garrido
El gobierno de Felipe Calderón ha dejado en los últimos cuatro años de tomar decisiones fundamentales en materia de seguridad nacional y de política económica y social, cediéndoselas en actos de abierta traición a México al gobierno estadunidense, a cambio de que mantenga al PAN en Los Pinos, con lo que ha enajenado seriamente la independencia y la soberanía de México y el bienestar de los mexicanos, y esto no hubiese sido posible sin múltiples complicidades.
1. Los papeles del Departamento de Estado entregados por Wikileaks a La Jornada y publicados por este diario desde el 10 de febrero, han confirmado lo que aquí se había analizado y sostenido desde 2006. La “guerra contra el narco”, llamada “de Calderón”, que le fue impuesta a éste por Washington tras el fraude electoral de 2006 a cambio de avalar su imposición ilegal en Los Pinos, condujo muy rápidamente a que varias dependencias estadunidenses (las llamadas “agencias”) asumieran progresivamente funciones de gobierno y de mando en México, sin importar el marco constitucional y legal del país, y en el caso de la seguridad nacional dictaran políticas y decidieran operativos subordinando a su dictado a las fuerzas armadas, contando para ello con la sumisión de Calderón y de sus colaboradores, que no se han opuesto a ninguna de sus acciones, por lo que éstos son corresponsables de que se haya llevado a México a la violencia en un afán de instaurar aquí un “Estado fallido”,
2. El diario The New York Times, al confirmar sin ambages lo que está aconteciendo, el 16 de marzo señalaba lo que Calderón y sus colaboradores niegan todos los días: que el Pentágono y los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior tienen agentes armados en México, realizan operaciones de vigilancia aérea y terrestre en territorio mexicano, deciden las políticas y las acciones de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, y que al hacerlo desde los centros “de inteligencia” que tienen en territorio mexicano ocultan información al mismo gobierno calderonista, no se diga al pueblo de México, que no sabe nada de lo que en abierta traición al país está haciendo la “clase política”, por una razón –afirma el Times, otra vez sin ambages–: porque se está violando la legalidad de México.
3. Los hechos mostraron en estos años que el gobierno de Barack H. Obama resultó más agresivo que el de George W. Bush porque desde la primera ocasión en que en 2006, aún siendo mandatario electo, recibió a Calderón, hasta la última ocasión, en la que lo convocó a la Casa Blanca, el mes pasado, el michoacano espurio fue entregando espacios de poder a Washington y aceptando que decidieran no sólo la política económica y financiera, y en consecuencia la política social, a través del FMI y la Reserva Federal, sino las políticas de seguridad y la “guerra contra el narco” impuesta por ellos, a través de sus agencias, a cambio de que lo mantuvieran como lo que es: una marioneta.
4. El caso de la designación del general Julián Leyzaola como secretario de seguridad de Ciudad Juárez el 10 de marzo es significativo de esta situación, pues el presidente municipal de Juárez afirma que el embajador Pascual aprobó su nombramiento (La Jornada de ayer), pero en los papeles de Wikileaks las autoridades estadunidenses sostienen que es un militar corrupto y despótico, que desprecia los derechos humanos, y que además tiene un arreglo con el cártel de los Arellano Félix (La Jornada del 16 de marzo), lo cual no hace más que confirmar que: a) Washington busca reordenar el mercado conforme a sus intereses, y b) que hay una voluntad deliberada de ambos gobiernos de hundir a México en la violencia.
5. El nuevo escándalo suscitado por la publicación hecha por The New York Times el mismo día 16, señalando que aviones espías de Estados Unidos (US drones) han sobrevolado impunemente el territorio mexicano desde 2009, en abierta violación al marco constitucional de México, no hace más que evidenciar de nuevo el abandono de Calderón de las funciones que asumió ilegalmente y su entreguismo creciente, así como la complicidad del PRI y de la fracción de Los Chuchos del PRD en estos actos de traición, pues el Senado no ha hecho nada a pesar de que esto se conocía desde hace tiempo, ya que la secretaria Janet Napolitano lo hizo público en julio de 2009 y Milenio Diario se ufana de haberlo publicado desde el 15 de enero, al margen de que en esta misma columna se habló repetidamente de ello.
6. El operativo Rápido y furioso, aprobado por el Departamento de Justicia, sobre el plan encubierto de Washington para introducir en 2010 de manera clandestina armas a territorio mexicano destinadas a los cárteles y a los paramilitares, hundió a la administración de Calderón en una serie de mentiras y contradicciones, pues negó primero conocer el asunto, hasta que el procurador Eric Holder dijo el día 10 que Calderón sabía todo, a lo que de Los Pinos se le replicó que creían que era un operativo limitado a territorio estadunidense (aunque se hablara de “contrabando de armas” como en el filme que dio nombre al operativo), y ahora los vuelos de los US drones hunden más a Calderón y a sus colaboradores en un mar de mentiras.
7. Las declaraciones de Alejandro Poiré, vocero de Calderón, el miércoles 16 confirmando su ignorancia constitucional y legal, constituyen una vergüenza para el país, pues confundió una charla privada del débil Calderón con Obama el 3 de marzo señalando que ahí se ultimó el acuerdo, siendo que un tratado o acuerdo internacional no puede ser válido sino cuando según el 133 es conforme a la Constitución (que no es el caso) y es refrendado por el Senado (lo que tampoco aconteció), además de que los vuelos se llevan a cabo desde hace dos años.
8. El abandono de los intereses nacionales y de los mexicanos es absoluto, lo mismo desde el ámbito estatal que del de la llamada “sociedad civil”. La cuestión no es la de no haber transitado “senderos legales” para autorizar los vuelos pues dichas vías legales no existen, lo que parece ignorarse. Hay cuestiones fundamentales que atañen a la Independencia, la soberanía y la integridad de la nación, que no pueden ser aprobadas ni “negociadas” por los poderes constituidos. Ni el Congreso ni la Suprema Corte podrían haber autorizado los vuelos, ni la intervención en México de agentes estadunidenses armados o no armados, ni que actuaran las dependencias de Washington en territorio nacional, ni que la administración de Barack Obama fuese asumiendo funciones del Estado mexicano, simplemente porque no tienen facultades para ello.
Precisiones del Consejo de Seguridad Nacional
Respecto del artículo titulado "Los vuelos", escrito por Luis Javier Garrido y publicado el viernes 18 de marzo en La Jornada, la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional expresa lo siguiente.
Se rechaza categóricamente que el gobierno mexicano haya cedido decisiones fundamentales de seguridad nacional. Las acciones realizadas en el marco de la estrategia nacional de seguridad han tenido por objeto, precisamente, fortalecer la soberanía, independencia e integridad del Estado mexicano frente a la amenaza que representa la delincuencia organizada.
Es de extrañar que un académico reconocido como es Luis Javier Garrido base sus argumentos en fuentes anónimas y comunicaciones diplomáticas filtradas a la prensa, que como se ha sostenido: son visiones parciales, inexactas y descontextualizadas.
Para el gobierno federal el fortalecimiento del estado de derecho es prioritario y en ese contexto se inscribe la lucha por un México más seguro. Tanto el escalamiento de las capacidades de las fuerzas federales, como los crecientes intercambios de información e inteligencia con otros gobiernos se encuentran plenamente apegados a la Constitución, a las leyes que de ella emanan y a los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.
En ningún sentido puede considerarse que los sobrevuelos sean violatorios de la soberanía nacional cuando estos encuentran fundamentos sólidos en la Constitución Mexicana y las leyes de Seguridad Nacional y la Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otras reglamentaciones.
En ese marco, los sobrevuelos han estado en todo momento bajo la supervisión y la autoridad del gobierno de México y se llevan a cabo en misiones específicas definidas por éste con propósitos de obtención de información claramente acotados por y para apoyar los esfuerzos de las autoridades mexicanas.
La Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional agradecerá la publicación de esta carta para que sus lectores cuenten con mayor información sobre el particular.
Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional
Los vuelos
1. Los papeles del Departamento de Estado entregados por Wikileaks a La Jornada y publicados por este diario desde el 10 de febrero, han confirmado lo que aquí se había analizado y sostenido desde 2006. La “guerra contra el narco”, llamada “de Calderón”, que le fue impuesta a éste por Washington tras el fraude electoral de 2006 a cambio de avalar su imposición ilegal en Los Pinos, condujo muy rápidamente a que varias dependencias estadunidenses (las llamadas “agencias”) asumieran progresivamente funciones de gobierno y de mando en México, sin importar el marco constitucional y legal del país, y en el caso de la seguridad nacional dictaran políticas y decidieran operativos subordinando a su dictado a las fuerzas armadas, contando para ello con la sumisión de Calderón y de sus colaboradores, que no se han opuesto a ninguna de sus acciones, por lo que éstos son corresponsables de que se haya llevado a México a la violencia en un afán de instaurar aquí un “Estado fallido”,
2. El diario The New York Times, al confirmar sin ambages lo que está aconteciendo, el 16 de marzo señalaba lo que Calderón y sus colaboradores niegan todos los días: que el Pentágono y los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior tienen agentes armados en México, realizan operaciones de vigilancia aérea y terrestre en territorio mexicano, deciden las políticas y las acciones de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, y que al hacerlo desde los centros “de inteligencia” que tienen en territorio mexicano ocultan información al mismo gobierno calderonista, no se diga al pueblo de México, que no sabe nada de lo que en abierta traición al país está haciendo la “clase política”, por una razón –afirma el Times, otra vez sin ambages–: porque se está violando la legalidad de México.
3. Los hechos mostraron en estos años que el gobierno de Barack H. Obama resultó más agresivo que el de George W. Bush porque desde la primera ocasión en que en 2006, aún siendo mandatario electo, recibió a Calderón, hasta la última ocasión, en la que lo convocó a la Casa Blanca, el mes pasado, el michoacano espurio fue entregando espacios de poder a Washington y aceptando que decidieran no sólo la política económica y financiera, y en consecuencia la política social, a través del FMI y la Reserva Federal, sino las políticas de seguridad y la “guerra contra el narco” impuesta por ellos, a través de sus agencias, a cambio de que lo mantuvieran como lo que es: una marioneta.
4. El caso de la designación del general Julián Leyzaola como secretario de seguridad de Ciudad Juárez el 10 de marzo es significativo de esta situación, pues el presidente municipal de Juárez afirma que el embajador Pascual aprobó su nombramiento (La Jornada de ayer), pero en los papeles de Wikileaks las autoridades estadunidenses sostienen que es un militar corrupto y despótico, que desprecia los derechos humanos, y que además tiene un arreglo con el cártel de los Arellano Félix (La Jornada del 16 de marzo), lo cual no hace más que confirmar que: a) Washington busca reordenar el mercado conforme a sus intereses, y b) que hay una voluntad deliberada de ambos gobiernos de hundir a México en la violencia.
5. El nuevo escándalo suscitado por la publicación hecha por The New York Times el mismo día 16, señalando que aviones espías de Estados Unidos (US drones) han sobrevolado impunemente el territorio mexicano desde 2009, en abierta violación al marco constitucional de México, no hace más que evidenciar de nuevo el abandono de Calderón de las funciones que asumió ilegalmente y su entreguismo creciente, así como la complicidad del PRI y de la fracción de Los Chuchos del PRD en estos actos de traición, pues el Senado no ha hecho nada a pesar de que esto se conocía desde hace tiempo, ya que la secretaria Janet Napolitano lo hizo público en julio de 2009 y Milenio Diario se ufana de haberlo publicado desde el 15 de enero, al margen de que en esta misma columna se habló repetidamente de ello.
6. El operativo Rápido y furioso, aprobado por el Departamento de Justicia, sobre el plan encubierto de Washington para introducir en 2010 de manera clandestina armas a territorio mexicano destinadas a los cárteles y a los paramilitares, hundió a la administración de Calderón en una serie de mentiras y contradicciones, pues negó primero conocer el asunto, hasta que el procurador Eric Holder dijo el día 10 que Calderón sabía todo, a lo que de Los Pinos se le replicó que creían que era un operativo limitado a territorio estadunidense (aunque se hablara de “contrabando de armas” como en el filme que dio nombre al operativo), y ahora los vuelos de los US drones hunden más a Calderón y a sus colaboradores en un mar de mentiras.
7. Las declaraciones de Alejandro Poiré, vocero de Calderón, el miércoles 16 confirmando su ignorancia constitucional y legal, constituyen una vergüenza para el país, pues confundió una charla privada del débil Calderón con Obama el 3 de marzo señalando que ahí se ultimó el acuerdo, siendo que un tratado o acuerdo internacional no puede ser válido sino cuando según el 133 es conforme a la Constitución (que no es el caso) y es refrendado por el Senado (lo que tampoco aconteció), además de que los vuelos se llevan a cabo desde hace dos años.
8. El abandono de los intereses nacionales y de los mexicanos es absoluto, lo mismo desde el ámbito estatal que del de la llamada “sociedad civil”. La cuestión no es la de no haber transitado “senderos legales” para autorizar los vuelos pues dichas vías legales no existen, lo que parece ignorarse. Hay cuestiones fundamentales que atañen a la Independencia, la soberanía y la integridad de la nación, que no pueden ser aprobadas ni “negociadas” por los poderes constituidos. Ni el Congreso ni la Suprema Corte podrían haber autorizado los vuelos, ni la intervención en México de agentes estadunidenses armados o no armados, ni que actuaran las dependencias de Washington en territorio nacional, ni que la administración de Barack Obama fuese asumiendo funciones del Estado mexicano, simplemente porque no tienen facultades para ello.
Se rechaza categóricamente que el gobierno mexicano haya cedido decisiones fundamentales de seguridad nacional. Las acciones realizadas en el marco de la estrategia nacional de seguridad han tenido por objeto, precisamente, fortalecer la soberanía, independencia e integridad del Estado mexicano frente a la amenaza que representa la delincuencia organizada.
Es de extrañar que un académico reconocido como es Luis Javier Garrido base sus argumentos en fuentes anónimas y comunicaciones diplomáticas filtradas a la prensa, que como se ha sostenido: son visiones parciales, inexactas y descontextualizadas.
Para el gobierno federal el fortalecimiento del estado de derecho es prioritario y en ese contexto se inscribe la lucha por un México más seguro. Tanto el escalamiento de las capacidades de las fuerzas federales, como los crecientes intercambios de información e inteligencia con otros gobiernos se encuentran plenamente apegados a la Constitución, a las leyes que de ella emanan y a los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.
En ningún sentido puede considerarse que los sobrevuelos sean violatorios de la soberanía nacional cuando estos encuentran fundamentos sólidos en la Constitución Mexicana y las leyes de Seguridad Nacional y la Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otras reglamentaciones.
En ese marco, los sobrevuelos han estado en todo momento bajo la supervisión y la autoridad del gobierno de México y se llevan a cabo en misiones específicas definidas por éste con propósitos de obtención de información claramente acotados por y para apoyar los esfuerzos de las autoridades mexicanas.
La Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional agradecerá la publicación de esta carta para que sus lectores cuenten con mayor información sobre el particular.
Respuesta de Luis Javier Garrido
El oficio del Consejo de Seguridad Nacional relativo a mi artículo Los vuelos
, publicado ayer en La Jornada, en el que sostengo que el gobierno de Felipe Calderón ha cedido en los pasados cuatro años decisiones fundamentales en materia de seguridad nacional al gobierno estadunidense a cambio de su respaldo político, no puede cambiar la realidad de los hechos ni logra refutar mis argumentos.
1. Lo que se llama en esa cartaestrategia nacional de seguridad
no es otra cosa que la subordinación del gobierno panista a las exigencias de la administración Obama, como se lee en los documentos del Departamento de Estado enviados por Wikileaks a La Jornada. México no tiene con Calderón ninguna estrategia de seguridad nacional, sino todo lo contrario: está actuando el gobierno panista en función de los intereses estadunidenses.
2. La cita de los documentos del Departamento de Estado es perfectamente válida, pues éstos reflejan la postura de funcionarios estadunidenses, aun y cuando los juicios que expresan sobre el gobierno mexicano estén perturbando tanto a los panistas al hablar de su ineptitud.
3. El discurso vacío sobre el estado de derecho es desmentido por la realidad pues el gobierno calderonista ha violado la Constitución en estos años, no sólo en la guerra contra el narco
, y lo está haciendo en el caso de los aviones espías. De la misma manera que en ningún texto constitucional se le otorgan facultades para permitir que agentes armados extranjeros operen en territorio mexicano, como The New York Timeslo aceptó el día 16, tampoco puede aprobar los sobrevuelos de espionaje de una potencia extranjera (como no lo pueden hacer el Congreso ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación), ni dejar que Washington dirija acciones de la supuesta guerra
. El fundamento legal que invocó la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, el jueves 17, es relativo a vuelos civiles y con él se busca confundir.
4. Los vuelos de aviones espías de Estados Unidos son violatorios de la soberanía nacional y obviamente no se encuentran bajo el control de las autoridades mexicanas, sino de las estadunidenses, por lo que el gobierno panista no podría tener más información de ellos que la que Washington quisiera darle.
Luis Javier Garrido
Respuesta de Luis Javier Garrido
El oficio del Consejo de Seguridad Nacional relativo a mi artículo Los vuelos
, publicado ayer en La Jornada, en el que sostengo que el gobierno de Felipe Calderón ha cedido en los pasados cuatro años decisiones fundamentales en materia de seguridad nacional al gobierno estadunidense a cambio de su respaldo político, no puede cambiar la realidad de los hechos ni logra refutar mis argumentos.
1. Lo que se llama en esa cartaestrategia nacional de seguridad
no es otra cosa que la subordinación del gobierno panista a las exigencias de la administración Obama, como se lee en los documentos del Departamento de Estado enviados por Wikileaks a La Jornada. México no tiene con Calderón ninguna estrategia de seguridad nacional, sino todo lo contrario: está actuando el gobierno panista en función de los intereses estadunidenses.
2. La cita de los documentos del Departamento de Estado es perfectamente válida, pues éstos reflejan la postura de funcionarios estadunidenses, aun y cuando los juicios que expresan sobre el gobierno mexicano estén perturbando tanto a los panistas al hablar de su ineptitud.
3. El discurso vacío sobre el estado de derecho es desmentido por la realidad pues el gobierno calderonista ha violado la Constitución en estos años, no sólo en la guerra contra el narco
, y lo está haciendo en el caso de los aviones espías. De la misma manera que en ningún texto constitucional se le otorgan facultades para permitir que agentes armados extranjeros operen en territorio mexicano, como The New York Timeslo aceptó el día 16, tampoco puede aprobar los sobrevuelos de espionaje de una potencia extranjera (como no lo pueden hacer el Congreso ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación), ni dejar que Washington dirija acciones de la supuesta guerra
. El fundamento legal que invocó la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, el jueves 17, es relativo a vuelos civiles y con él se busca confundir.
4. Los vuelos de aviones espías de Estados Unidos son violatorios de la soberanía nacional y obviamente no se encuentran bajo el control de las autoridades mexicanas, sino de las estadunidenses, por lo que el gobierno panista no podría tener más información de ellos que la que Washington quisiera darle.
Luis Javier Garrido
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