Leyes secundarias, “ancladas” en la corrupción Calderonista

Leyes secundarias, “ancladas” en la corrupción Calderonista

Por Martín Esparza Flores

El renglón de la transparencia es abordado de manera extensa como una de las premisas en el funcionamiento que habrán de tener las nuevas empresas productivas del Estado, de acuerdo con la argumentación de las leyes secundarias en materia energética. Sin embargo, llama poderosamente la atención que en ninguna línea de los extensos borradores se mencione la obligación de pedir la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos de organismos públicos descentralizados que, como en el caso de Luz y Fuerza del Centro –luego del ilegítimo Decreto de Extinción de octubre de 2009–, transfirieron sus bienes al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), para que éste, a su vez, los entregara en comodato a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cuyos informes, a 5 años de distancia, aún permanecen en el limbo.

Así, mientras el gobierno federal se niega a aceptar el programa de “borrón y cuenta nueva” para los millones de usuarios que han sido víctimas de altos cobros de electricidad por los llamados recibos locos de la CFE, busca aplicarlo de manera discrecional a las entidades públicas en vías de extinción, para enterrar los multimillonarios quebrantos cometidos en perjuicio del patrimonio de todos los mexicanos, por la corrupción de personajes ampliamente conocidos como el exdirector del SAE Luis Miguel Álvarez Alonso –inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública–, y el exdirector operativo de la “empresa de clase mundial”, CFE, Néstor Moreno Díaz.

Se pretende así que los cimientos de la reforma energética se fundamenten en las corruptas, torcidas, e ilegales acciones cometidas por el entonces gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien dejó tras de sí toda una estela de irregularidades y conflictos sin resolver, como el litigio que aún subsiste con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en los tribunales del país.

En un breve inventario de las cuestiones a subsanar, vale citar parte del contenido del autoritario Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, que en su artículo 2 estableció que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes sería el responsable de la liquidación del organismo Luz y Fuerza del Centro.

En el párrafo tercero del mismo artículo se le otorgaron facultades al SAE para tomar de inmediato las medidas necesarias, a fin de que los bienes del organismo “que se extingue, que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica en la que hasta antes de su expedición, venía prestándolo Luz y Fuerza del Centro”; así como los demás que sean necesarios para dicho servicio “sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica” (sic).

Como se recordará, a las 00:25 horas del 11 de octubre, el SAE firmó ante notario público un convenio de entrega de todos los bienes de Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad. Dicho convenio fue ratificado el 11 de agosto de 2010 entre ambas entidades y se le denominó: Convenio en Comodato, estableciendo en su Cláusula 9 la terminación de dicho Convenio, mientras que en la Cláusula 10 hablaba de la vigencia del mismo señalando que será de 3 años a partir del 11 de octubre de 2009, y la misma quedará prorrogada, automáticamente, por un periodo de 3 años más.

En el actual marco de transformación, cabe recordar lo establecido en su Cláusula 11, referente a la devolución de los bienes, así como a la terminación del periodo de vigencia del Convenio; o a partir de que la CFE conceda el uso parcial o total de los bienes a un tercero, o los destine para un fin distinto al previsto.

Indudable que es el momento preciso de plantear una serie de sustanciales cuestionamientos a los legisladores para saber con certeza cuál será el destino del Convenio de Comodato firmado entre el SAE y la CFE, implicando de manera natural un informe pormenorizado del manejo y rendición de cuentas de los bienes y recursos de Luz y Fuerza del Centro.

Una de las interrogantes será que los miembros del Congreso de la Unión le digan al país si la CFE tiene las facultades de entregar estos activos a un tercero; y a la distancia, a cuánto asciende el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro en comparación con octubre de 2009. Que nos aclaren también quién o quiénes operan los 1 mil 100 kilómetros de fibra óptica de la exparaestatal, pues como lo constató hace un par de años la Auditoria Superior de la Federación (ASF), aún en el sexenio calderonista, se dieron concesiones en la materia, como la polémica Licitación 21 de fibra óptica, la cual benefició de manera preferencial al monopolio de Televisa al ser otorgada de manera poco transparente, resultando a la vista de la ASF un verdadero fraude al interés público al representar para la CFE pérdidas por 2 mil 450 millones de pesos.

Como se recordará, el Sindicato Mexicano de Electricistas alertó con mucha anticipación sobre las maquinaciones que ya se tejían para entregar la estructura de la fibra óptica, tanto de la CFE como de Luz y Fuerza del Centro a particulares, algunos de ellos, exsecretarios de Energía en el sexenio de Fox, como Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, en detrimento de las finanzas públicas y de la población de escasos recursos que quedaba así marginada de servicios como el internet a precios accesibles.

La misma ASF estableció con puntualidad en su Informe de la Cuenta Pública 2009, entregado a la Cámara de Diputados, que las causas de “inviabilidad financiera” sostenida por la administración pasada para solventar su decreto fascista nunca existieron, pues el quebranto en las finanzas de Luz y Fuerza del Centro tuvieron como origen la obligada compra de energía cara a CFE, ordenada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para revenderla a un costo menor a los consumidores, con la consecuente acumulación de pérdidas. El extenso análisis de la Auditoría Superior de la Federación también echó abajo la inexistente salud financiera de la Comisión Federal de Electricidad, empresa que lejos de haber representado ahorros al país tras el despido de 44 mil trabajadores del SME, terminó generando más gastos al erario.

Felipe Calderón, en su informe de cierre de sexenio (2006-2012), no pudo ocultar los montos extras que produjo su “operación de mantenimiento” en la zona Centro del país, antes atendida por el SME y Luz y Fuerza del Centro, muestra del colosal error político del exfuncionario; de forma tal que, mientras en 2009 su gasto autorizado fue de 199 mil 40 millones de pesos, se elevó a 241 mil 481 millones 161 mil pesos, es decir, tuvo un incremento de 42 mil 441 millones 161 mil pesos; en 2010, de 210 mil 459 millones 375 mil pesos, su ejercicio de disparó a 267 mil 175 millones 664 mil pesos, es decir, 56 mil 716 millones 269 mil pesos más de lo programado; y en 2011, de un presupuesto de 238 mil 543 millones 300 mil pesos, lo gastado se incrementó a 285 mil 753 millones 227 mil pesos; un sobreejercicio de 47 mil 209 millones 927 mil pesos. Si sumamos los excedentes, éstos rebasan los 140 mil millones de pesos.

Pero hay más asuntos que dilucidar por parte de los legisladores, como saber cuál es la situación sobre el subsidio a los usuarios. ¿No señaló Calderón que con el cierre de Luz y Fuerza y el despido de los trabajadores del SME bajarían las tarifas eléctricas? ¿Dónde está el mejoramiento al servicio y los miles de empleos que se crearían con la aplicación del ruinoso Decreto?

¿Ya concluyó acaso el litigio con los trabajadores del SME? Porque invocando este asunto sin resolver y el irresuelto comodato entre el SAE y la CFE, no podemos dejar de mencionar lo establecido por la propia ley en el sentido de que ante un conflicto laboral, los bienes de una empresa, cualquiera que sea el ramo, serán para cubrir las obligaciones con los trabajadores, por lo que ante la inminente desincorporación de CFE, y su mutación a empresa productiva del Estado, este Convenio de Comodato se deberá cancelar y regresar los bienes al SAE, para que sean considerados para resarcir el daño patrimonial causado a los trabajadores del SME por las innumerables violaciones legales y constitucionales a sus derechos.

Y así como se pregona en las leyes secundarias el tema de la transparencia, los legisladores deben decir al pueblo de México en qué líneas, con exactitud, se establece el compromiso a bajar las tarifas eléctricas, porque al leer con detenimiento los borradores que están en análisis en el Congreso, tal tema, así como el de la rendición de cuentas del pasado, sencillamente no aparecen. Y reforma energética que nace torcida…

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas