Se instaló el Tribunal Electoral Popular; revisará el proceso comicial de 2012
Este jueves quedará instalada la instancia para recibir quejas de los pasados comicios
Evidenciará Tribunal Electoral Popular las fallas de autoridades en la materia
Se dará sentencia, ante la falta de cumplimiento al deber constitucional de dichos entes
Insatisfechos con la actuación de las autoridades electorales, omisas para investigar a fondo los delitos e irregularidades registradas por el PRI durante las pasadas elecciones, intelectuales, ex legisladores y simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador instalaron este jueves el Tribunal Electoral Popular.
Sergio García Ramírez y Alfredo Figueroa, durante la sesión del IFEFoto Jesús Villaseca
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 15 de noviembre de 2012, p. 17
La ciudadanía está alerta. No quitamos el dedo del renglón para vigilar y denunciar cuando autoridades e instituciones incumplen su deber y son insensibles a las denuncias de la población. Con esta premisa, se instala este jueves, el Tribunal Electoral Popular, que recibirá y analizará las quejas sobre las irregularidades del pasado proceso comicial, aquellas que las autoridades en la materia omitieron a la hora de dictaminar la contienda presidencial.
El organismo emitirá una sentencia la próxima semana, con la cual se sentará un precedente para hechos como los de las elecciones federales y cualquier otro en que se desatienda la denuncia ciudadana, advirtieron Jesús Martín del Campo y Abel Barrera, integrantes del tribunal.
La iniciativa busca dar cauce al malestar de cualquier ciudadano, así como atender la necesidad de conocer la verdad, explicó Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. Y esto, dijo, porque no podemos quedarnos pasivos y de brazos cruzados ante la falta de cumplimiento al deber constitucional tanto del Instituto Federal Electoral como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En entrevista, el activista puntualizó que el trabajo del tribunal no busca modificar una realidad inminente, el cambio de gobierno y la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, sino dejar evidencia del cúmulo de anomalías que las autoridades electorales pasaron por alto lo cual permitió validar los comicios.
Jesús Martín del Campo comentó que el trabajo se centrará en generar un fallo a partir de las denuncias ciudadanas, sobre todo, las que se argumenten en torno a cinco temas fundamentales: la presunta parcialidad de los medios de comunicación masiva; la coacción y compra del voto; el monto de los gastos de campaña y el origen de los recursos; la presunta manipulación y manejo político de las encuestas, así como las irregularidades en el padrón electoral, en la recepción y conteo de los sufragios.
La intención es sentar un precedente y dejar en claro que si las autoridades no funcionan, la ciudadanía puede convertirse en un órgano de verificación y denuncia sobre la actitud negligente y omisa en las instituciones.
Este jueves, a las 9 de la mañana se instalará el Tribunal Electoral Popular, el cual está integrado, además de los entrevistados, por Elena Poniatowska, Magdalena Gómez, Jesús González Schmal, Bernardo Bátiz, Virgilio Caballero, Enrique Semo, Carlos Pellicer, Héctor Vasconcelos y Rafael Barajas, El Fisgón. A partir de las 10 horas, empezarán a recibir de manera directa o por vía electrónica las denuncias ciudadanas.
Para ello, los miembros del tribunal se reunirán hoy en el Club de Periodistas y durante los siguientes siete días realizarán el trabajo de recepción y análisis de los argumentos que se presenten, a fin de que el siguiente jueves (22 de noviembre) puedan emitir un fallo sobre el asunto.
Martín del Campo resaltó que esta es una aportación para evitar que en el futuro se repitan acontecimientos como los del reciente proceso electoral, que dejaron a la sociedad insatisfecha con la resolución final, pues hubo elementos que no se tomaron en cuenta a la hora de dictaminar los comicios y, de hecho, el TEPJF resolvió que las pruebas presentadas para documentar las irregularidades mencionadas fueron insuficientes, cuando le correspondía hacerse llegar las evidencias en su calidad de autoridad jurisdiccional.
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