CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO EQUIPO MORENA

CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO EQUIPO MORENA Viernes  23 de Diciembre 18:30 a la(s) 23:00 COMPAÑER@S LOS INVITAMOS A QUE NOS ACOMPAÑEN A CELEBRAR MUCHAS COSAS: LA 1A. AMLO CANDIDATO ÚNICO DE LAS IZQUIERDAS, 2. EL RESPALDO PARA AMLO POR PARTE DE DIVERSOS ACTORES DEL SECTOR EMPRESARIAL, 3. LA GIRA DE AMLO X EL D.F., Y EL GUSTO DE COMPARTIR CON MORENA EXPERIENCIAS INOLVIDABLES. LA IDEA TAMBIÉN ES CONVIVIR ENTRE NOSOTROS YA QUE SIEMPRE NOS VEMOS EN REUNIONES DE TRABAJO O EVENTOS CON AMLO. EL OBJETIVO ES FORTALECER AÚN MÁS NUESTROS LAZOS DE AMISTAD Y COLABORACIÓN Y MANTENER NUESTRO ENTUSIASMO. COMO DECÍA GRAMSCI: “INSTRÚYANSE, PORQUE NECESITAREMOS TODA NUESTRA INTELIGENCIA. CONMUÉVANSE, PORQUE NECESITAREMOS TODO NUESTRO ENTUSIASMO. ORGANÍCENSE, PORQUE NECESITAREMOS DE TODA NUESTRA FUERZA” Y YO LE AGREGARÍA: CONVIVAMOS CON RESPETO Y TOLERANCIA PARA LOGRAR LA PATRIA AMOROSA. QUIÉNES DESEEN ACOMPAÑARNOS, LES PEDIMOS SE COMUNIQUEN CON EL SR. ARTURO A LAS OFICINAS DE MORENA EN EL D.F. (SAN LUIS POTOSI # 71, COL. ROMA) AL TEL. 44124413 O AL CEL. 0445540328284, YA QUE ES CON COOPERACIÓN DE $100.00, PARA LA COMIDA, PIÑATA, FRUTA, SILLAS, REFRESCOS Y DESECHABLES. LA FIESTA SERÁ EN EL SALÓN DEL MÓDULO DEL CATRA UBICADO EN CALZ. VALLEJO ESQ. CON PLAYA COL. PATERA VALLEJO ENFRENTE DE LO QUE ANTES FUÉ LA OLIVETTI VALLEJO, ATRÁS DEL WINGS O ENFRENTE DE LA PARADA DEL METROBÚS LA PATERA. CERCA DE 100 MTS., DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.

BOLETIN DE PRENSA SME

A nuestras compañeras y compañeros, activos y jubilados en resistencia.

Ante la creciente preocupación en nuestro movimiento acerca del curso de la negociación con el Gobierno Federal y para salir al paso a los persistentes ataques de nuestros enemigos…

Aclaramos:

I. La mesa de negociación que instalamos con el Gobierno Federal a partir de los acuerdos del 13 de septiembre  está vigente. Las negociaciones no se han suspendido y mucho menos roto. La mesa continúa, se está reuniendo en comisiones que atienden aspectos particulares de la negociación. Estas comisiones se integran al interior del propio gobierno y se reúnen en forma bilateral con el SME. En estas reuniones participan distintos miembros del Comité Central,  incluyendo a nuestro Secretario General, Martín Esparza, quién, en distintas ocasiones se ha reunido con el Lic. Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación, así como con distintos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México. En cada reunión se trabajan temas específicos que abonan a la construcción de un acuerdo político para la solución del conflicto. En su momento y como resultado de los avances y/o conclusiones de estas comisiones, la Mesa de Negociación se tendrá que volver a reunir en pleno.

II. En cuanto haya avances concretos en ésta mesa,  daremos a conocer la información correspondiente para que nuestros órganos representativos tomen cartas en el asunto. No olviden que será nuestra Asamblea General, como máximo órgano de decisión de nuestro sindicato,  la que decidirá sobre el rumbo de las negociaciones. No hay que desesperarse,  estamos cerca de alcanzar nuestros objetivos. Las negociaciones marchan por buen camino, hay que esperar sus resultados y luego decidir que sigue en forma colectiva. No hagamos caso de las voces, rumores y falsas lamentaciones de quienes buscan desestabilizar a nuestro movimiento.Los que traicionaron al SME tuvieron ya su “Waterloo de la vergüenza” en Insurgentes y Reforma. Nosotros seguimos firmes.

Esta navidad seamos felices. Contemplemos, en medio del campo de batalla, la hazaña de ser libres, la hazaña de sostenerse firmes ante los poderes del estado y no rendirse, la hazaña de crecer y hacer conciencia obrera para jamás volver a ser los mismos. Celebremos el privilegio de hacer patria desde abajo otra vez y en el recuento de nuestro dolor construyamos el punto donde ponernos de pie, para pelear y alcanzar la victoria. La felicidad no está en lo que poseemos, está en lo que hacemos y con quién lo hacemos. Resistir es una forma digna de hacer lo justo para no ser esclavos.

Estemos atentos a los acontecimientos y dispuestos a asumir las tareas que nos toque cumplir. Sigamos con nuestro plan de acción. No nos vamos a rendir, vamos hacia delante, Nosotros decimos: Un día más para resistir, un día más... para VENCER!! 

¡¡VIVA LA RESISTENCIA HEROICA DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS!!

¡¡ VIVAN SUS HOMBRES Y MUJERES, ACTIVOS Y JUBILADOS QUE HAN SOSTENIDO ESTOS DOS AÑOS DE LUCHA!!

!!VIVAN NUESTROS PADRES, HIJOS Y HERMANOS QUE HAN MARCHADO 
A NUESTRO LADO SIN TITUBEAR!!

¡¡VIVAN NUESTROS 12 COMPAÑEROS PRESOS POLÍTICOS!!

¡¡TRABAJO Y LIBERTAD!!

“Somos SMEITAS, Somos PATRIA, Somos PROLE,  NO nos rendimos… RESISTIMOS”

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

México D.F. a 21 de Diciembre de 2011

José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.

En cinco años, 300% más desapariciones que en Guerra Sucia

En cinco años, 300% más desapariciones que en Guerra Sucia

Autor: Flor Goche

6 DICIEMBRE 2011

En la “guerra” antidrogas, aumentan las quejas en contra de militares por su posible implicación en desapariciones forzadas de civiles. Uno de los casos más recientes, ocurrido en Tamaulipas, involucraría a marinos en la desaparición de 15 personas. De 2007 a la fecha se habrían cometido 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo en México, documenta la ONU; 300 por ciento más que los ocurridos durante la Guerra Sucia. Al menos, 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos formarían parte de la lúgubre lista 

 

Soldados y marinos son señalados como los autores de decenas de desapariciones forzadas de civiles, cometidas en el contexto de la “guerra” del gobierno federal contra el narcotráfico. Una de esas denuncias implica a elementos de la Secretaría de Marina en la desaparición de 15 personas y ocurrió entre el 1 y el 22 de junio pasado. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay fotografías y videos que comprueban la participación de los representantes del Estado mexicano en esos crímenes.

 

Apenas tres meses antes de esos hechos, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó México, por considerar “alarmante” el número de quejas que ha recibido entre 2007 y principios de 2011. Al finalizar su recorrido, el 31 de marzo, dicho Grupo denunció que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se habrían cometido unos 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo; esto es 300 por ciento más que las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia (1962-1987).

 

No obstante, la cifra podría ser mayor. Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refieren que las quejas por extravío de personas entre 2007 y 2011 superan las 5 mil. Aunque la dependencia gubernamental no las califica como desapariciones forzadas o involuntarias, defensores de derechos humanos consideran que las posibilidades de que se trate de crímenes de este tipo son elevadas.

 

Para que un extravío se catalogue como desaparición forzada, se debe demostrar que el civil fue privado de su libertad por agentes del gobierno o por terceros contratados por un agente de gobierno.

 

En la presente administración panista, los móviles políticos –que durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional se enfocaban en guerrilleros y activistas– sí se estarían reeditando. Al menos 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos han desaparecido forzadamente en el actual sexenio. De éstos, se desconoce el paradero de 20; ocho fueron ejecutados extrajudicialmente y cuatro liberados.

 

Las cifras negras

 

El 22 de junio pasado se publicó en el Diario oficial de la federaciónel nuevo marco legal para castigar a los responsables de estos delitos (Decreto Promulgatorio de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Pese a ello, el gobierno de México no parece estar realmente comprometido con el esclarecimiento de estos hechos.

 

Considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad, estos crímenes permanecen impunes, al igual que las más de 1 mil desapariciones forzadas que se registraron en la Guerra Sucia; las de decenas de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la década de 1990; y las de cuatro indígenas de la comunidad Viejo Velasco, Chiapas, ocurridas en noviembre de 2006.

 

A pesar de que las desapariciones podrían llevar al Estado mexicano a un juicio internacional, ninguna de las instituciones del gabinete de seguridad lleva registro de ellos, se desprende de respuestas a solicitudes de información ciudadanas consultadas por este semanario.

 

El problema tampoco se resuelve en el ámbito local. En cada entidad federativa, son las comisiones estatales de derechos humanos y las organizaciones civiles las que van engrosando sus listas con nombres y datos de las víctimas.

 

Un caso dramático es el de Coahuila. Los reportes de las autoridades locales refieren 219 denuncias por ese delito. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Larios, adsctrito a la diócesis de Coahuila, también tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en la entidad.

 

En Michoacán, uno de los estados que más ha sufrido la violencia de la supuesta “guerra” contra las drogas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado 165 desapariciones forzadas, ocurridas entre 2010 y lo que va de 2011.

 

En contraste, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua asegura que su registro de denuncias es de sólo 48 desaparecidos forzadamente entre 2008 y 2010. Las cifras se potencian en Guerrero. Ahí, el Taller de Desarrollo Comunitario ha documentado 1 mil 694 casos de desapareciones forzadas entre 2005 y 2011.

 

Pero los estados fronterizos del Norte del país no se quedan atrás. A inicios de junio, Leonel Aguirre Meza, presidente de la no gubernamental Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, denunció que en Sinaloa se han registrado 230 desapariciones de civiles en el marco de lucha contra el narcotráfico.

 

Durango también se suma a los estados con dramáticos registros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene conocimiento e investiga 176 desapariciones forzadas de personas entre 2009 y abril de 2011. Según sus estadísticas, 89 por ciento de las víctimas son hombres y 11 por ciento mujeres.

 

De las decenas de denuncias, la CNDH sólo ha informado de 238 casos de desaparición forzada registrados en México desde la década de 1960, según constaría en un informe que su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, entregó al Grupo de Trabajo de la ONU el pasado 23 de marzo. Éste es confidencial, pues “contiene averiguaciones previas”, refieren funcionarios de la Comisión.

 

Militares implicados

 

En enero pasado, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó aContralínea que, durante una década de gobiernos panistas, tiene conocimiento de 74 presuntas desapariciones forzadas. Al menos 29 de estas investigaciones recaen en juzgados militares.

 

Se trata de los casos de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera, Rocío Irene Alvarado y 24 personas más, a cargo de la Procuraduría General de Justicia Militar de Chihuahua; y el de Raúl Evangelista Alonso y Roberto González Mosso, en manos del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona militar de Chilpancingo, Guerrero, que inició la averiguación previa 35ZM/26/201.

Pero éstos no son los únicos crímenes de lesa humanidad en los que se habría probado la participación de militares. El de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es el único caso reciente de desaparición forzada de luchadores sociales que, a través de la recomendación 7/2009, reconoce la CNDH. También, el único en el que se ha logrado establecer una interlocución con el gobierno federal, con duración aproximada de un año.

El 4 de abril de 2011, Gabino Cué Monteagudo, gobernador de Oaxaca, aceptó la recomendación que la CNDH dirigió a la administración de su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz. No obstante, la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), perpetrada el 24 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca,continúa impune.

 

El 21 de abril de 2009, la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno federal –un grupo de intelectuales creado en 2008 con el objetivo de posibilitar la presentación con vida de estos militantes– dio por terminada su misión ante la “falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta” de las autoridades.

 

“Lo que veíamos era una intención de hacer sesiones, de sacar fotografías, de usarlo en los medios, pero no realmente de resolver el problema”, manifiesta José Enrique González Ruiz, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Cuidad de México e integrante de la Comisión.

 

A más de cuatro años de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, no se sabe de servidores públicos o militares a los que se les haya llamado a declarar o fincado responsabilidad; no hay evidencia de avances en la localización de los activistas; tampoco se ha llevado a juicio a los culpables; además, en la investigación de la PGR el delito que aparece es el de privación ilegal de la libertad en su modalidad plagio o secuestro y no el de desaparición forzada.

 

A decir de González Ruiz, este caso es “simbólico y paradigmático” por lo que “si podemos esclarecerlo y llevar a los responsables ante los tribunales, se puede abrir una rendijilla por la que se cuele la justicia para los demás casos de desaparición forzada en México”.

 

Desde su creación, en la década de 1980, el Grupo de Trabajo de la ONU ha transmitido al gobierno de México 412 casos. De éstos, 233 (el 57.76 por ciento) siguen sin resolverse; 16 se han discontinuado; 24 se han esclarecido con base en la información proporcionada por los demandantes; y 134, a partir de los informes gubernamentales.

 

Estos datos “no son representativos de la dimensión del tema en cuestión”, advierte el Grupo de Trabajo en su informe preliminar de su reciente visita a México. “El incremento de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita podrían indicar un deterioro de la situación de desaparición forzada en México”.

 

Del 18 al 31 de marzo de 2001, Jasminka Džumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU, visitaron México. De sus reuniones con autoridades federales y locales, organizaciones de la sociedad civil, organismos protectores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas confirmaron que el principal reto es acabar con la impunidad “para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular”.

 

A los representantes de la ONU únicamente se les informó de dos sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada en contra de servidores públicos, mismas que actualmente se encuentran en proceso de apelación.  Respecto de las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia, tuvieron noticia de que sólo el 2.5 de los casos investigados resultó en el inicio de una investigación penal; que 20 de éstos fueron consignados ante una autoridad judicial; y que si bien las investigaciones ministeriales continúan, ningún funcionario ha sido sentenciado, detenido o está en espera de juicio.

 

En su informe de observaciones preliminares, en el que dirige 34 recomendaciones al Estado mexicano, el Grupo asegura que la PGR “no aportó ninguna información específica respecto a las líneas de investigación, los avances significativos en las investigaciones, la posibilidad de nuevas acusaciones y los canales de comunicación con los familiares de las personas desaparecidas forzosamente”.

 

En agosto pasado, Javier Zuñiga –director de Investigación de Amnistía Internacional– señaló que México puede vivir una situación similar a la de las dictaduras de Suramérica, sobre todo por la presunta responsabilidad de militares en las desapariciones forzadas.

 

 

Restricción del fuero militar: “sólo un paso”

 

El pasado 14 de julio, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) dictaminó la restricción del fuero militar para los casos de violaciones a derechos humanos, que ahora pasarán a los tribunales civiles. La resolución se dio en el marco del análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario desaparecido por efectivos del Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974.

 

Organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos celebran el fallo de los ministros: “Un triunfo de las víctimas que durante muchos años han enfrentado la impunidad”. Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, señala, sin embargo, que se trata sólo de un paso en la lucha por la verdad y la justicia.

 

Sergio Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), asociación civil que acompaña el caso Radilla, explica que recientemente el gobierno de México publicó un libro con la semblanza de la vida del líder comunitario. Sin embargo, “no es un documento que muestre el arrepentimiento o reconocimiento del Estado mexicano para con las víctimas”.

 

En abril de 2008, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien sería responsable de la desaparición de Rosendo Radilla y de, al menos, otros 600 guerrerenses, fue condecorado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por su “lealtad, patriotismo, abnegación, dedicación y espíritu al servicio de México y sus instituciones”.

 

Este hecho evidencia la falta de voluntad de las autoridades mexicanas, apunta Méndez Silva. Ahora, los familiares de Radilla Pacheco, entre ellos su hija Tita Radilla, han decidido no recibir el dinero de la indemnización hasta que el Estado mexicano realice una investigación seria y diligente.

 

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CMDPDH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan refieren las acciones que la autoridad debe emprender para que el fallo de la SCJN sea efectivo: que el Congreso de la Unión dictamine la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar a la luz del resolutivo del máximo tribunal mexicano; que Calderón decline la iniciativa de reforma a este código que entregó al Senado en octubre de 2010 y que si presenta una nueva, ésta responda a los estándares internacionales; que la Procuraduría General de la República solicite a los tribunales militares sus investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares; y que el tema del fuero militar salga de las discusiones de la Ley de Seguridad Nacional.

 

Además, exigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que califican de “omisa”, que se pronuncie sobre el tema y que en futuras recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos perpetradas por militares, “cese su práctica de solicitar que se le dé vista al Ministerio Público Militar, para que sea la autoridad civil la que conduzca las investigaciones”.

 

De acuerdo con datos de la Sedena, al menos, 216 militares deberán estar sujetos al fuero ordinario. También, comentan las organizaciones de derechos humanos, los elementos castrenses que violaron y torturaron a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa; así como los que torturaron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas.

 

 

“Crimen organizado, autor del 40 por ciento de las desapariciones”

 

Tomás Pérez Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que, en los últimos años, al menos entre el 40 y el 45 por ciento de los casos concluidos está relacionado con la delincuencia organizada.

 

A la fecha, el organismo autónomo sólo ha emitido cuatro recomendaciones por desaparición forzada. La 26/2001, en la que reconoce la desaparición, durante la Guerra Sucia, de 275 luchadores sociales; la 9/2005, sobre el caso de Alejandro Martínez Dueñas, Jesús González Medina y Gabriel Sánchez Sánchez, quienes fueron desaparecidos el 30 de junio de 2001 por elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Colima; la 15/2005, que refiere la desaparición de Luis Verea Falcón perpetrada en 1997 por agentes de la Policía Judicial de Morelos; y la 7/2009, respecto de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez durante un operativo a cargo de militares y policías de Oaxaca.

 

Ninguna de estas recomendaciones ha sido satisfecha por el Estado mexicano, refiere Tomás Pérez Serrano. “Ninguna de ellas se ha concluido porque no se han alcanzado a cumplir en su totalidad, sino de manera parcial, sus puntos”.

 

Cuestionado sobre el escaso número de recomendaciones que emite la CNDH en relación con las quejas que recibe (de 2000 a la fecha ha recibido al menos 679 por desaparición forzada) y los casos que demandan las organizaciones no gubernamentales, Pérez Serrano lamenta que sólo en estos cuatro casos se haya podido acreditar fehacientemente la desaparición forzada.

 

No obstante, asegura que todas las quejas que llegan al Programa continúan abiertas, en tanto se desconozca el paradero de las víctimas. Los casos son radicados en el Sistema Nacional de Información de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, integrado por alrededor de 1 mil expedientes.

 

A decir de Pérez Serrano, al gobierno mexicano le ha faltado objetividad, un poco de voluntad política, pero sobre todo, plena comprensión de que para que los instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos funcionen, se requiere además del consenso de las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno.

 

El titular del Programa de Presuntos Desaparecidos asegura que con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, promulgada el pasado 9 de junio, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la competencia de su Comité “van a ser más importantes y más de fondo”, por lo que ese y otro temas “se van a empezar a trabajar en su conjunto”.

 

Los cambios constitucionales favorecerían, asimismo, las investigaciones de desapariciones forzadas. Las restricciones para que la CNDH acceda a los expedientes de los Ministerios Públicos quedarían en el pasado; además, los funcionarios que no colaboren con el organismo autónomo, como los gobernadores que se niegan a aceptar sus recomendaciones, tendrían que responder ante los tribunales, expone Pérez Serrano.

 

 

 

Fuente: Revista Contralínea 262 / 04 diciembre de 2011

Los temas de derechos humanos 2011

México D.F., 21 de diciembre de 2011 (Cencos).- Como cada año, desde el Centro Nacional de Comunicación Social queremos ofrecer una visión propia sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país, a través de una serie breve de reportajes.

Este 2011 hemos constatado el mantenimiento de violaciones sistemáticas como las que ocurren contra los pueblos indígenas o contra grupos vulnerables de mujeres, o contra los derechos laborales, además de todas las violaciones cometidas a raíz de un sistema de justicia alejado del paradigma de los derechos humanos.

Pero además de este catálogo de decenas de casos, se ha sumado una voz que antes no estaba siendo escuchada: la de los y las personas que han sufrido de manera directa las consecuencias de la estrategia de seguridad que ha mantenido al Ejército en las calles desde hace 5 años.

Así, decidimos ofrecer en cinco reportajes, acercamientos a temas de derechos humanos desde los cuales podemos acercarnos a entender la realidad nacional y sobre los cuales también hemos tenido un trabajo más analítico y cercano.

A partir de hoy y hasta el 30 de diciembre publicamos un acercamiento en datos concretos sobre lo que ha significado en 9 meses el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; haremos un recorrido por algunos de los derechos humanos (y las historias detrás de estos) que han sido violados durante el presente sexenio; exploramos lo que ha significado la normalización de la violencia en el sector más ámplio de nuestra sociedad: los jóvenes; y hacemos un recuento sobre las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos y otro más sobre las agresiones a quienes pretenden ejercer su derecho a la libertad de expresión y han sido callados.

Son fragmentos de un relato de claroscuros; de un pueblo que de a poco se organiza y lucha para obtener tan solo lo más elemental, y de una estructura económica, política  y social que dificulta el acceso y goce de los derechos humanos.

Centro Nacional de Comunicación Social

AMLO: Quieren silenciarnos y que no haya comunicación con los ciudadanos; preguntaré al Trife: ¿Qué quieren que yo haga?

AMLO: Quieren silenciarnos y que no haya comunicación con los ciudadanos; preguntaré al Trife: ¿Qué quieren que yo haga? México, Distrito Federal, a 21 de diciembre de 2011  Miércoles 21 de diciembre de 2011

* Solicitará el precandidato del PRD, PT y Movimiento Ciudadano una aclaración a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación *No descarta la posibilidad de que el Trife resolviera limitar sus actos de proselitismo, porque los asesores del precandidato del PRI le recomendaron quedarse callado En respuesta a una resolución del Trife que limita sus actos de proselitismo, Andrés Manuel López Obrador informó que enviará una carta a los magistrados de ese órgano para preguntarles: ¿Qué quieren que yo haga. Qué está permitido y qué no? Dicho acuerdo es un acto que pretende silenciarlo. “Quieren –los magistrados—que nos callemos” y que no haya una comunicación con los ciudadanos, denunció. Luego de conocer que el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que los precandidatos únicos no pueden realizar proselitismo dirigido a la población en general, porque entonces incurrirían en actos anticipados de campaña, manifestó que solicitará una aclaración a los magistrados que aprobaron ese fallo. Fue en la delegación Miguel Hidalgo, el tercer punto del recorrido de este día en donde abordó el tema. Su primera reacción fue: “Me extraña porque ahora están diciendo los magistrados del Trife que ya no podemos hacer precampaña”. Trajo a memoria que anteriormente la autoridad electoral acordó que si era precandidato de unidad no podía aparecer en spots de radio y televisión y “hoy dicen que nada más actos en donde estén militantes del PRD, PT y Convergencia –ahora Movimiento Ciudadano-- Y los ciudadanos no pueden escucharnos”, destacó. Sin citar nombre alguno, luego transmitió a los habitantes de la demarcación: “Saben qué temo, a lo mejor estoy equivocado y eso se va a saber con el tiempo, yo creo que como el otro precandidato, ya saben cual, no lo voy a mencionar, no vaya a ser que me vayan a multan por eso, pero sí saben a quién me refiero, como a ese ya le recomendaron sus asesores que no hable mucho, quieren que ya esté calladito como mudo, porque si habla no le va bien”. No hubo pausa alguna. La gente reaccionó de inmediato y gritó una y otra vez el nombre del precandidato presidencial del PRI. Luego entonces, prosiguió López Obrador, “yo creo que puede ser que sea eso lo que estén pensando, que silencien a todos, pero con la ventaja de que como ya, a ese personaje ya lo introdujeron al mercado como se introduce un producto chatarra, ya ahora quieren también que nosotros nos callemos, que ya no hablemos con la gente”. Posteriormente dio a conocer que enviará una misiva a los magistrados y pidió la opinión de sus interlocutores: “¿Les parece que les pidamos una aclaración? Para que si es como lo leí ahora, que nada más puros militantes del PRD, PT o del Movimiento Ciudadano, voy a preguntarles también si incluye a MORENA, a los del Movimiento Regeneración Nacional”. Y adelantó: “Si es así, bueno voy a convocar, vamos a convocar a que sean puros militantes del PRD, PT y Convergencia. Preguntó nuevamente: ¿Son militantes del PRD, PT o del Movimiento Ciudadano? Los asistentes dijeron que sí. Inmediatamente les dijo: “Que levanten la mano” Mujeres y hombres levantaron sus manos y las agitaron en el aire. Para dar por terminado el punto, expresó: Ah bueno, pues así lo podemos hacer. Antes, el precandidato presidencial encabezó mítines en las explanadas delegacionales de Magdalena Contreras y Cuajimalpa. En ambos puntos expuso las directrices de su propuesta: La honestidad, la justicia y el amor. Para cerrar el quinto y último día de la primera semana de precampaña, López Obrador estará en las delegaciones Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. ∞∞∞∞∞

Apoyo al mitín de Andrés Manuel López Obrador

Compañeros y compañeras,

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva Nacional de hoy, de conformidad a los acuerdos tomados durante el Consejo Nacional de la OPT del 17 de diciembre, y respondiendo a la atenta invitación realizada por nuestro compañero Martín Esparza, la Organización Política del Pueblo y los Trabajadrores estará presente en el mitín de Andrés Manuel López Obrador el jueves 22 de diciembre a las 19:00 horas en el Monumento a la Revolución.

Se invita a todos y todas a participar activamente.

Saludos cordiales a todos y todas

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Organización Política del Pueblo y los Trabajadores

Por la liberación nacional y la emancipación social

optmex.org

William I. Robinson (*)

Crisis Estructural y Rebelión Popular: ¿El Capitalismo Global en Jaque?

Manifestaciones Populares en todo el mundo contra el sistema capitalista

Tribuna Popular TP/ECONOMIA.- Los poderes fácticos del sistema mundial están cada vez más a la deriva, a medida que la crisis del capitalismo global se les va de las manos. Desde la masacre de decenas de jóvenes manifestantes por el ejército en Egipto hasta la brutal represión del movimiento Ocupa en EE.UU. o los cañones de agua lanzados por la policía militarizada de Chile contra estudiantes y trabajadores, los Estados y las clases dominantes se muestran incapaces de contener la marea de rebelión popular a nivel mundial y deben recurrir a una represión cada vez más generalizada.

En pocas palabras, las inmensas desigualdades estructurales de la economía política mundial ya no pueden ser sostenidas a través de mecanismos consensuales de control social. Las clases dominantes han perdido legitimidad y estamos asistiendo a una ruptura de la hegemonía de la clase dominante a escala mundial.

Para entender lo que está sucediendo en esta segunda década del nuevo siglo, tenemos que ver el panorama en su contexto histórico y estructural. Las elites globales esperaban que la "Gran Depresión", que comenzó con la crisis de las hipotecas y el colapso del sistema financiero mundial en 2008, fuera una recesión cíclica que pudiera resolverse mediante rescates patrocinados por los Estados y los paquetes de estímulo.

Pero ha quedado claro que ésta es una crisis estructural. Las crisis cíclicas son episodios regulares en el sistema capitalista, que ocurren aproximadamente una vez por década, y por lo general duran de 18 meses a dos años. Hubo recesiones mundiales a inicios de la década de 1980, de 1990 y a principios del siglo XXI.

Las crisis estructurales son más profundas, su resolución requiere de una reestructuración a fondo del sistema. Las crisis estructurales mundiales en las décadas de 1890, 1930 y 1970 se resolvieron mediante una reorganización del sistema que produjo nuevos modelos de capitalismo.

"Resolver" no quiere decir que los problemas que enfrentaba la mayoría de la humanidad bajo el capitalismo se hayan resuelto, sino que la reorganización del sistema capitalista en cada caso superó las restricciones a la reanudación de la acumulación de capital a escala mundial. La crisis de la década de 1890 se resolvió en los núcleos del capitalismo mundial a través de la exportación de capitales y de una nueva onda de expansión imperialista.

La Gran Depresión de los años 1930 se resolvió con el recurso a variantes de la socialdemocracia, tanto en el Norte como en el Sur: bienestar, capitalismo populista o desarrollista que implicaba redistribución, la creación de un sector público y la regulación del mercado por el Estado.

La globalización y la crisis estructural actual

Para entender la actual coyuntura tenemos que volver a los años ‘70. La etapa de la globalización del capitalismo mundial que ahora vivimos se desarrolló a partir de la respuesta que dieron distintos agentes a los episodios anteriores de crisis, en particular, a la crisis de los ‘70 de la socialdemocracia, o dicho más técnicamente, del fordismo-keynesianismo, o del capitalismo redistributivo.

A raíz de esa crisis, el capital pasó a ser global, como una estrategia de la emergente clase capitalista transnacional y sus representantes políticos para reconstituir su poder de clase, al liberarse de las restricciones a la acumulación que imponían los Estados-nación.

Estas restricciones -el llamado "compromiso de clase"- se habían impuesto al capital a raíz de décadas de luchas de masas a escala nacional de las clases popular y obrera, a través del mundo. Durante los años 1980 y 1990, sin embargo, las elites globalizantes se adueñaron del poder estatal en la mayoría de países del mundo y utilizaron ese poder para impulsar la globalización capitalista a través del modelo neoliberal.

La globalización y las políticas neoliberales destaparon enormes y nuevas oportunidades para la acumulación transnacional en los años 1980 y 1990. La revolución en la tecnología de computación e informática y otros avances tecnológicos ayudaron al capital transnacional emergente a lograr grandes avances en la productividad y a reestructurar, "flexibilizar" y deshacerse de mano de obra en todo el mundo.

Esto, a su vez, debilitó los sueldos y los beneficios sociales y facilitó una transferencia de ingresos al capital y a los sectores de alto consumo a través del mundo, que significaron nuevos segmentos de mercado, estimulando el crecimiento. En suma, la globalización hizo posible una gran expansión extensiva e intensiva del sistema y desató una nueva ronda frenética de acumulación en el mundo que contrarrestó la crisis de los ‘70 de disminución de las ganancias y de las oportunidades de inversión.

Sin embargo, el modelo neoliberal se ha traducido también en una polarización social sin precedentes a nivel global. En el siglo XX, férreas luchas sociales y de clase en todo el planeta pudieron imponer un cierto control social sobre el capital. Las clases populares, en diverso grado, lograron obligar al sistema a vincular lo que llamamos la reproducción social a la acumulación de capital.

Lo que ha sucedido con la globalización es una ruptura entre la lógica de acumulación y la de reproducción social, que ha repercutido en un crecimiento sin precedentes de la desigualdad social y ha intensificado las crisis de supervivencia de miles de millones de personas mundialmente.

Los efectos de pauperización desatados por la globalización han generado conflictos sociales y crisis políticas que el sistema hoy encuentra cada vez más difícil contener. El lema "somos el 99 por ciento" surge de la realidad de que las desigualdades globales y el empobrecimiento se han intensificado enormemente desde que la globalización capitalista arrancó en la década de 1980.

Amplios sectores de la humanidad han experimentado una movilidad descendente absoluta en las últimas décadas. El propio FMI se vio obligado a admitir en un informe de 2000 que "en las últimas décadas, casi una quinta parte de la población mundial ha retrocedido. Este es posiblemente uno de los mayores fracasos económicos del siglo XX".

La polarización social global agudiza el problema crónico de sobreacumulación. Esto refiere a la concentración de la riqueza en cada vez menos manos, hasta que el mercado mundial sea incapaz de absorber la producción mundial y el sistema se estanque. A los capitalistas transnacionales les resulta cada vez más difícil desembarazarse de su masa ya abultada y aún creciente de excedentes: no pueden encontrar salidas donde invertir su dinero con el fin de generar nuevas ganancias, por lo que el sistema entra en una recesión o algo peor. En los últimos años, la clase capitalista transnacional ha recurrido a la acumulación militarizada, a la especulación financiera salvaje y al allanamiento o saqueo de las finanzas públicas, a fin de sostener su lucro frente a la sobreacumulación.

Mientras que la ofensiva del capital transnacional contra las clases obrera y popular globales se remonta a la crisis de la década de 1970 y ha crecido en intensidad desde entonces, la Gran Recesión de 2008 fue en muchos aspectos un importante punto de inflexión. En particular, a medida que la crisis se extendía, generaba las condiciones para nuevas ondas de austeridad brutal en todo el mundo, mayor flexibilización laboral, el aumento abrupto en el desempleo y el subempleo, y así sucesivamente.

El capital financiero transnacional y sus agentes políticos utilizaron la crisis para imponer una austeridad brutal e intentar desmantelar lo que queda de los sistemas de bienestar y los estados sociales en Europa, América del Norte y en otros lugares, para exprimir más plusvalía de la mano de obra, tanto directamente a través de una explotación más intensa, como indirectamente a través de las arcas estatales. El conflicto social y político se ha intensificado en todo el mundo a partir de 2008.

Sin embargo, el sistema ha sido incapaz de recuperarse, y por el contrario se hunde más en el caos. Las elites globales no pueden manejar las contradicciones explosivas. ¿Será que el modelo neoliberal del capitalismo entra en una etapa terminal? Es crucial entender que el neoliberalismo no es más que un modelo de capitalismo global; decir que el neoliberalismo puede estar en crisis terminal no quiere decir que el capitalismo global esté en crisis terminal.

¿Es posible que el sistema responda a la crisis y a la rebelión de masas mediante una nueva reestructuración que desemboque en un modelo diferente de capitalismo mundial –quizás un keynesianismo global que involucre la redistribución transnacional y la regulación transnacional del capital financiero-? ¿Será que las fuerzas rebeldes desde abajo serán cooptadas en un nuevo orden capitalista reformado?

¿O será que nos dirigimos más bien hacia una crisis sistémica? Una crisis sistémica es aquella en la que la solución implica el fin del sistema en sí mismo, ya sea a través de su superación y la creación de un sistema completamente nuevo, o -más preocupante- el colapso del sistema.

El hecho que una crisis estructural se convierta o no en sistémica depende de cómo reaccionen las distintas fuerzas sociales y fuerzas de clase: desde los proyectos políticos que proponen, así como los factores de contingencia que no se pueden predecir de antemano, y de las condiciones objetivas. Es imposible en este momento predecir el resultado de la crisis. Sin embargo, algunas cosas están claras en la actual coyuntura mundial.

La coyuntura actual

En primer lugar, esta crisis comparte una serie de aspectos con las crisis estructurales anteriores, de los años 1970 y 1930, pero también tiene varias características que la diferencian:

- El sistema está llegando rápidamente a los límites ecológicos de su reproducción. Nos enfrentamos al espectro real del agotamiento de los recursos y de catástrofes ambientales que amenazan con un colapso del sistema.

- La magnitud de los medios de violencia y control social no tiene precedentes. Las guerras informatizadas, aviones teledirigidos, bombas antibúnker, guerras de las galaxias y otros similares han cambiado el rostro de la guerra. La guerra ha sido convertida en algo "normal" y "sanitaria" para quienes no están en la mira directa de una agresión armada. También sin precedentes está la concentración en manos del capital transnacional del control de los medios de comunicación y de la producción de símbolos, imágenes y mensajes. Hemos llegado a la sociedad de vigilancia panóptica y al control orwelliano del pensamiento.

- Estamos llegando a los límites de la gran expansión del capitalismo, en el sentido de que ya no hay nuevos territorios de importancia que puedan ser integrados al capitalismo mundial; la desruralización ya está muy avanzada, y se ha intensificado la mercantilización del campo y de los espacios pre-y no capitalistas, convertidos al estilo invernadero en espacios del capital, de modo que la expansión intensiva está llegando a niveles nunca antes vistos. Es como montar en bicicleta: el sistema capitalista necesita expandirse de forma continua o de lo contrario se derrumba. ¿Hacia dónde se puede expandir el sistema ahora?

- Emerge un gran excedente de población que habita un planeta de ciudades miseria, excluido de la economía productiva, arrojado a los márgenes, y sujeto a sofisticados sistemas de control social y de crisis de supervivencia, como también a un ciclo mortal de despojo-explotación-exclusión. Este hecho plantea de manera nueva el peligro de un fascismo del siglo XXI y de nuevos episodios de genocidio para contener la masa excedente de humanidad y su rebelión real o potencial.

- Existe una disyuntiva entre una economía globalizante y un sistema de autoridad política basado en el Estado-nación. Los aparatos estatales transnacionales son incipientes y no han sido capaces de desempeñar el papel de lo que los científicos sociales llaman un "hegemón", o un Estado-nación líder con suficiente poder y autoridad para organizar y estabilizar el sistema. Los Estados-nación no pueden controlar la tormenta de una economía global fuera de control; y los Estados enfrentan crisis crecientes de legitimidad política.

En segundo lugar, las élites mundiales son incapaces de plantear soluciones. Al parecer se encuentran en la bancarrota política y son impotentes para dirigir el curso de los acontecimientos que se desenvuelve ante sus ojos. En el G-8, G-20 y otros foros, priman las disputas, divisiones y una aparente parálisis, donde se muestran indispuestos a cuestionar el poder y la prerrogativa del capital financiero transnacional: esa fracción del capital que es hegemónica a escala mundial, y que es la fracción más rapaz y desestabilizadora.

Mientras que los aparatos estatales nacionales y transnacionales se resisten a intervenir para imponer regulaciones al capital financiero global, sí lo han hecho para imponer los costos de la crisis a la clase trabajadora. Las crisis presupuestarias y fiscales que, supuestamente, justifican los recortes en el gasto y la austeridad, son artificiales. Son la consecuencia de la falta de voluntad o la incapacidad de los Estados de desafiar al capital y de su disposición a transferir la carga de la crisis a las clases trabajadoras y populares.

En tercer lugar, no habrá una salida rápida del caos mundial que crece. Nos espera un periodo de grandes conflictos y trastornos profundos. Como ya hemos dicho, uno de los peligros es una respuesta neo-fascista para contener la crisis. Estamos frente a una guerra del capital contra todos. Tres sectores del capital transnacional, en particular, se destacan como los más agresivos y propensos a buscar arreglos políticos neo-fascistas para garantizar la acumulación continua a medida que la crisis avanza: el capital financiero especulativo, el complejo militar-industrial-seguridad y el sector extractivo y energético.

La acumulación de capital en el complejo militar-industrial-seguridad depende de interminables conflictos y guerras -incluyendo las llamadas guerras contra el terrorismo y las drogas-, así como de la militarización del control social. El capital financiero transnacional depende de tomar el control de las finanzas estatales y la imposición de deudas y austeridad a las masas, lo que a su vez sólo puede lograrse mediante una creciente represión. Y las industrias extractivas dependen de nuevas rondas de despojo violento y la degradación ambiental en todo el planeta.

En cuarto lugar, las fuerzas populares mundialmente han pasado de la defensiva a la ofensiva, más rápidamente de lo que nadie podía imaginar. Claramente en este año 2011, la iniciativa pasó de la élite transnacional a las fuerzas populares de abajo. En los años 1980 y 1990, el leviatán de la globalización capitalista había revertido la correlación mundial de fuerzas sociales y de clase en favor del capital transnacional. Si bien la resistencia prosiguió en distintas partes del mundo, las fuerzas populares de base se encontraron desorientadas y fragmentadas en esas décadas, empujadas a la defensiva en el apogeo del neoliberalismo. Luego, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 permitieron a la élite transnacional, bajo el liderazgo de Estados Unidos, sostener su ofensiva mediante la militarización de la política mundial y la ampliación de los sistemas de control social represivo, en nombre de la "lucha contra el terrorismo".

Ahora todo esto ha cambiado. La revuelta mundial en marcha ha transformado todo el panorama político y los términos del discurso. Las elites globales están confundidas, reactivas y se hunden en el pantano de su propia creación. Es de destacar que quienes están en lucha a través del mundo han mostrado un fuerte sentido de solidaridad y están intercomunicados intercontinentalmente.

Así como el levantamiento de Egipto inspiró el movimiento Ocupa, este último ha sido una inspiración para una nueva onda de la lucha de masas en Egipto. Queda por ampliar la coordinación transnacional y avanzar hacia programas coordinados transnacionalmente. Toda vez, el imperio del capital global definitivamente no es un "tigre de papel". A medida que las elites globales se reagrupen y evalúen la nueva coyuntura y la amenaza de una revolución global de masas, lo que harán -y ya han comenzado a hacerlo- es organizar una represión masiva coordinada, nuevas guerras e intervenciones, y mecanismos y proyectos de cooptación, en sus esfuerzos por restaurar la hegemonía.

La única solución viable a la crisis del capitalismo global es una masiva redistribución de la riqueza y del poder hacia abajo, hacia la mayoría pobre de la humanidad siguiendo las líneas de un socialismo del siglo XXI democrático, en el que la humanidad ya no esté en guerra consigo mismo y con la naturaleza. (Traducción ALAI)

(*) Profesor de sociología, estudios globales y latinoamericanos en la Universidad de California, recinto Santa Bárbara, EEUU.

Este texto es parte de la Revista América Latina en Movimiento, No. 471, diciembre 2011 que tiene como tema central De indignaciones y alternativas.