PRONUNCIAMIENTO DE H.I.J.O.S. MÉXICO EN SU 13º ANIVERSARIO
• La desaparición forzada en nuestro país es una práctica sistemática de larga herencia y con raíces que se ubican mucho antes de los periodos de gobierno panista. Dicha práctica, de lesa humanidad y calificada como de terrorismo de Estado, corresponde también a una deuda histórica que México tiene con familiares de personas desaparecidas desde 1969.
• Cuando el actual Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a investigar todos los casos de personas desaparecidas en el país, se comprometió tácitamente a hacerlo también por aquellas personas que fueron desaparecidas en los sexenios propios de gobiernos con la misma filiación política que el actual. Para decirlo con claridad: el PRI tiene también su “lista” de personas desaparecidas y es nuestro deber no olvidarlas en la actualidad, cuando todo se configura para un gran “borrón y cuenta nueva” que haga aparecer la práctica de la desaparición forzada como algo exclusivamente endosable a los gobiernos del panismo. Menuda casualidad que la “nota” sobre la detención de Elba Esther Gordillo suceda precisamente en el momento en que este tema se halla frente a la revisión pública.
• Es fundamental que el pueblo de México recuerde su historia y no deje morir la memoria. La escasa condena social en el pasado, aunada a la ausencia de juicios y de castigo formales en el caso de las desapariciones ocurridas en las décadas anteriores, ha propiciado un escenario de impunidad que en la actualidad opera como un “cheque en blanco” para que las desapariciones puedan sucederse y ejecutarse desde la certeza de que no habrá ni investigaciones efectivas, ni castigo a los responsables.
• El encuentro entre familiares y organizaciones en los años recientes ha sido complejo, agridulce; casi siempre doloroso. A quienes llevamos años o décadas pugnando por la presentación con vida de nuestros familiares, nos ha resultado difícil transmitir la importancia de la lucha –frente a gobiernos incapaces y sin voluntad– a una nueva generación de familiares de personas desaparecidas. A quienes experimentan esta realidad en tiempos recientes, les resulta sumamente doloroso mirarse en nuestro espejo e imaginar que su trabajo puede convertirse en una lucha eterna frente a la falta de respuestas y de justicia efectiva. Ante esta situación deben saber que las “víctimas” y familiares hemos empezado a conocernos, a compartir experiencias y formas de trabajo, a cargar banderas en común. Esta fuerza es una que trasciende el cálculo de la desmemoria y la injusticia y con ella pensamos encarar los retos del presente sin dejar pasar un pasado palpitante y no resuelto que hoy se reedita frente a una realidad lacerante.
• Si bien la desaparición forzada ha tomado en tiempos recientes matices variados propios de la compleja realidad nacional, queremos hacer énfasis en la desaparición forzada de personas por razones políticas. Esta especificidad nos debe llevar a reconocer este crimen de lesa humanidad como una injuria y un agravio a la sociedad en su conjunto, que no es un hecho aislado ni producto solamente del crimen organizado, de la casualidad o del exceso de las fuerzas de seguridad policiales, militares o paramilitares. Se trata de una estrategia diseñada e implementada desde las más altas esferas del poder público como un mecanismo de control y aniquilamiento, así como de escarmiento y terror social.
• Respecto de aquellas “listas” filtradas en medios de comunicación, retomadas por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos que duda entre declarar 26 ó 27 mil casos, con data que no queda clara y que está migrando información de una instancia a otra, se debe recordar que la desaparición forzada se tipifica como “la privación de la libertad (…) cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona” (Artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas). Esto quiere decir que cada vez que el Estado dice “no saber”, está cometiendo y consolidando dicho delito. El tratamiento de la información en días pasados ha sido gravemente desprolijo y constituye una falta de respeto al dolor y al trabajo de familiares de personas desaparecidas y organizaciones que trabajan el tema. Si el Estado no tiene claro el estado de la cuestión (grave, pero muy probable), que retome lo expuesto por organizaciones que trabajamos el tema desde hace años. Tenemos largas “listas” y bases de datos hechas públicas que sólo revelan su falta de capacidad o de voluntad en asumir responsabilidades en esta materia.
• En Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio sección México (H.I.J.O.S. México) nos reconocemos como hijos de una misma historia, de una causa común que nos hermana, que nos identifica. Valoramos y compartimos la lucha iniciada por nuestros padres, su indignación ante la desigualdad y la opresión, su determinación y consecuencia, y consideramos necesario que el pueblo sepa y recuerde que varios cientos de hombres y mujeres, hoy no se encuentran entre nosotros por luchar por un país y un mundo más justo e igualitario, al que imprimieron todas sus fuerzas, y que por eso, los malos gobiernos justifican su desaparición. Luchamos por que los desaparecidos sean presentados con vida y los responsables sean llevados a los tribunales para ser juzgados -no con un ánimo de venganza sino más bien de justicia-, y también por que no haya que agregar ni un nombre más a la lastimosa “lista” que heredamos de nuestras abuelas, con más de 564 desaparecidos políticos. Nos enorgullecemos de lo que somos; pero no queremos que haya una persona más como nosotros. Nunca más alguien sin padres o sin madres, nunca más alguien buscando a sus hermanos, hermanas, a sus hijas e hijos. Es por esto que, hoy más que nunca,
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS Y NO NOS RECONCILIAMOS.
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