Los temas de derechos humanos 2010: Labor de defensoras y defensores. Es indispensable para una democracia proteger sus vidas

“Si me va venir a asesinar que me asesinen enfrente, para vergüenza del gobierno” Marisela Escobedo “Seguimos caminando hacía un sol que brilla con fuerza, viene el tiempo de los pueblos” Beatriz Cariño “El gobierno no ha cumplido con esa parte de investigar los hechos y si no hay investigaciones, quiere decir que no se está protegiendo nada, no se está protegiendo a los defensores” Obtilia Eugenio Manuel

Artículo 1.- Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Declaración sobre el derecho y el deber de promover y proteger los derechos humanos México D.F., 20 de diciembre de 2010 (Cencos).- Las personas y organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos son un factor indispensable para la construcción de un sociedad democrática. Es primordial para comprender la tarea de las y los defensores observar que México atraviesa por un contexto de degradación del respeto a los derechos humanos. La desigualdad social y económica, la violencia, la falta de una cultura democrática y la impunidad, explican, entre otros factores la necesidad de ejercer este derecho. Sin embargo, las y los defensores en México, no cuentan con un reconocimiento público y son blanco de agresiones tanto de funcionarios públicos como de particulares para quienes esta labor representa una amenaza. En octubre de 2009, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh) apuntó en su informe Defender los Derechos Humanos: Entre el Compromiso y el Riesgo la situación de vulnerabilidad que enfrentan las y los defensores, destacaron en ese año: los casos de asesinatos, la judicialización y encarcelamiento, el robo de información, las amenazas, las campañas de desprestigio y el mensaje de impunidad emitido desde el Estado al no resolver los casos. El objetivo de dicho informe, fue impulsar recomendaciones concretas al Estado para frenar la violencia contra defensoras y defensores. Sin embargo, el recuento de la situación en 2010 nos habla de una agudización del fenómeno por la continuidad de agresiones y la persistencia del mensaje de impunidad. Al 2010 se suman nuevos casos y el 91 por ciento de las agresiones reportadas en 2009 se mantiene en la impunidad según la actualización del informe presentado en noviembre pasado por la Oacnudh. Algunos nuevos elementos que destacan en 2010, son la reubicación de defensores dado el hostigamiento que viven en los lugares donde desempeñan su labor, y por otro lado, se identificó el aumento del riesgo de las y los defensores que viven en zonas aisladas, marginadas y con altos índices de violencia. La Oacnudh también apunta que muchas de las y los defensores contaban con medidas cautelares antes de sufrir una nueva agresión. Para recordar: casos 2010 Marisela Escobedo, madre juarense que luchó incansablemente para que se hiciera justicia en el caso de feminicidio de su hija Rubí Frayre Escobedo de 16 años, fue asesinada de un tiro a quemaropa el pasado 17 de diciembre a las afueras del palacio de gobierno de Chihuahua, en donde mantenía un plantón para exigir a las autoridades dar con el paradero del asesino de su hija. Marisela Escobedo advirtió a las autoridades que había sufrido amenazas por parte de la familia de Sergio Barraza, ex pareja de su hija Rubí y responsable de su asesinato. En mayo pasado los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudid lo dejaron en libertad por falta de pruebas a pesar de que el acusado se había declarado culpable. Un día después del asesinato de Marisela Escobedo, al tiempo que era velada por su familiares y organizaciones de derechos humanos un grupo de hombres armados incendiaron la maderería de José Monge Marroquín, pareja de la activista. En el atentado también secuestraron a Arturo Monge Marroquín, hermano del esposo de Marisela Escobedo, el cual fue encontrado asesinado con signos de asfixia. Las autoridades de la fiscalía de Chihuahua, declararon que no es seguro que los atentados tengan relación al asesinato de la activista. Un caso emblemático de 2010, fue el de Raúl Hernández declarado preso de consciencia por Amnistía internacional y que desde la Organización para el Futuro del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) denunció los abusos militares y de autoridades locales en Ayutla de los Libres, en la montaña de Guerrero. Raúl Hernández fue acusado injustamente de asesinato y liberado el pasado 27 de agosto tras comprobar su inocencia. Días después el activista fue amenazado de nueva cuenta. Por esos días, también en Ayutla, Álvaro Ramírez Concepción y otros integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) fueron atacados a tiros por un grupo de desconocidos que allanaron su parcela. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan también ha sufrido hostigamiento y allanamientos. La persecución de activistas y organizaciones en Ayutla de los Libres no ha cesado desde 2008, el último incidente de agresión fue la amenaza hecha el 28 de noviembre a Obtila Eugenio y a su compañero Cuauhtémoc Ramírez también dirigentes de la OPIM que luchan por la desmilitarización de la región y dan seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo. Actualmente 107 defensores y defensoras cuenta con medidas cautelares en este municipio. En Chiapas, destacan los casos de agresiones a los integrantes de Enlace Comunicación y Capacitación A.C Margarita Martínez, Adolfo Guzmán y su familia quienes desde 2009 han sufrido allanamientos, golpes y amenazas, estas han sido persistentes a lo largo de 2010. Aunque también cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. AsÍ mismo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ha sufrido difamación pública y amenazas. En Oaxaca, el ataque por un grupo armado a la Caravana Humanitaria que se dirigía San Juan Copala, en la región mixteca, cobró la vida de los defensores Beatriz Cariño, del finlandés Jyry Jakkola e hirió a tres más. El contexto de inestabilidad social y política en el estado ha dibujado un panorama adverso a las y los defensores que trabajan en Oaxaca. Asesinatos de líderes sociales, y agresiones a defensores y periodistas han sido una constante durante este año. Al norte del país, la lucha por la desmilitarización y la defensa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia ha provocado que las y los defensores sean blanco de ataques, en algunos casos se desconoce a los agresores, pero en la mayoría se conoce de amenazas y hostigamiento previo por parte de militares, policía federal y municipal. El 3 de enero de 2010, Josefina Reyes fue asesinada, el 18 de agosto su hermano Rubén Reyes también fue asesinado, ambos por grupos armados que no pudieron identificarse. Los dos realizaban una fuerte labor de denuncia contra los abusos de las fuerzas armadas en el estado de Chihuahua. En ese estado, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres fue allanado el 6 de abril de 2010, su directora Luz Estela Castro había recibido amenazas y hostigamiento en octubre del año anterior, todo en relación a su labor de denuncia de los casos de feminicidio en Ciudad Juárez. En Baja California Blanca Mesina, ha denunciado la tortura que recibió su padre Miguel Ángel Mesina quien fue policía ministerial. Silvia Vázquez que colabora con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste ha acompañado a Blanca Mesina en el proceso de denuncia, ambas han sido amenazadas de muerte y han recibido hostigamiento por elementos de la policía municipal. Ambas tienen medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la comisión del sistema interamericano. Mecanismo de protección En febrero surgió un diálogo entre la Secretaria de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas y sociedad civil para impulsar un mecanismo de protección que atendiera tanto a periodistas como a las y los defensores de derechos humanos. El proceso que debió avanzar conjuntamente dejó rezagado a la parte que atendería casos de defensoras y defensores. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos trabajaronla propuesta de la sociedad civil, que contiene elementos para el diseño de las líneas de dicho mecanismo en el mes de octubre. Esto para seguir impulsando la propuesta ya que por parte del Estado no hubo ningún avance. Cencos como organización de derechos humanos realizó un registro indicativo en el que contabilizó un total de 32 casos de agresión a defensores y defensoras de derechos humanos entre el mes de abril y el mes de diciembre de 2010, de los cuales el 48 por ciento se desconoce al agresor mientras que el 22 por ciento las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos sin que ninguno de estos casos fuera consignado. Este registro da cuenta de la diversidad de campos en los que las y los defensores realizan su labor, desde la defensa de la tierra hasta los derechos sexuales y reproductivos, por ello es primordial que el Estado garantice su integridad y genere condiciones aptas para su labor. Las medidas de protección a las y los defensores deben ser paralelas al diseño e implementación de políticas publicas con enfoque integral de derechos humanos. Centro Nacional de Comunicación Social