El pasado 12 de junio se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En ese marco, se conmemora la 100 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra del 1° y hasta el 17 de junio, donde representantes de la Organización Familia Pasta de Conchos promovieron la visita de la OIT a México para constatar los niveles de inseguridad laboral que imperan en las minas de carbón y la persistencia del trabajo infantil.
Un ejemplo claro de las precarias condiciones de trabajo de los mineros del carbón en México fue el desastre ocurrido en el pocito de Sabinas, Coahuila, hace ya más de un mes. Este suceso puso en riesgo la vida de un menor que perdió un brazo debido a la explosión. Por desgracia, este caso está lejos de ser una excepción. La Organización Familia Pasta de Conchos ha identificado al menos seis lugares inspeccionados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el año pasado, en los que laboraban 15 jóvenes de entre 14 y 17 años de edad. La explotación de menores en las minas de carbón es, pues, una realidad pese a los dichos del Gobierno.
Lo anterior podría considerarse una consecuencia de la negativa del Gobierno mexicano a ratificar el convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en minas, y el convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo. No obstante, más allá de las discutibles razones para justificar esta negativa, debe advertirse que México sí ratificó el Convenio 182 de la OIT, referente a las peores formas de trabajo infantil, y que dicho convenio es letra muerta en este país, al ser violado sistemáticamente por las autoridades.
El convenio 182 señala en su artículo 3°, inciso d) que la expresión “las peores formas de trabajo infantil” abarca “el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”. A continuación, el artículo 4° señala que los tipos de trabajo a que se refiere el artículo previo deberán ser determinados tomando en cuenta la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil. Este último documento se refiere, en el párrafo tercero, apartado b), a: “los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en espacios cerrados”.
Lo anterior demuestra que las autoridades han sido omisas en el cumplimiento de acuerdos internacionales ratificados, y sólo tratan de eludir su responsabilidad buscando subterfugios legales. A pesar de que la Ley Federal del Trabajo señala claramente la posibilidad de clausurar las minas en caso de riesgo, la actual administración se ha negado a cerrar las minas que no cumplen con la normatividad en materia de seguridad e higiene; por eso no garantiza condiciones de trabajo óptimas para los inspectores de minas de la STPS; por eso permite que los menores trabajen en las minas. A esta serie de omisiones se suma además la red de complicidades y corrupción en torno a las concesiones mineras. Según datos de Andrés Manuel López Obrador, se tiene concesionado el 27% de nuestro territorio, es decir, más que en la época porfirista.
Es imperativo poner un alto a las irregularidades en las minas de carbón y exigir que las inspecciones cumplan con su objetivo.
Para ello, presenté un punto de acuerdo que solicita una auditoría a la STPS que revise el cumplimiento de los objetivos de las inspecciones a las minas del carbón en Coahuila. La propuesta será discutida en la Tercera Comisión de la Permanente el día de hoy. Es la oportunidad para definirse: se puede optar por la técnica del avestruz y los oídos sordos, votando en contra y permitiendo que continúe la impunidad de la dependencia encabezada por Javier Lozano, o empezar a hacer justicia a los trabajadores mineros explotados de nuestra patria.
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